El diputado del PRC Javier López Marcano ha acusado hoy al Gobierno de Cantabria de “despilfarrar no menos de 7 millones de euros” en indemnizaciones y juicios como consecuencia de los despidos y los recortes laborales “injustos e innecesarios” que ha practicado en organismos y empresas públicas desde que comenzó la presente legislatura.

Para López Marcano esa cantidad refleja el “maltrato sin precedentes” que el Ejecutivo de Ignacio Diego ha infligido a los trabajadores públicos, con una política de personal guiada por “el acoso, la persecución y el amiguismo”.

“Hemos asistido a una auténtica caza de brujas a costa del dinero de todos los cántabros, que ha sido utilizado por el presidente sin ningún escrúpulo para deshacerse de aquellos trabajadores que no consideraba afines y recortar los derechos laborales de colectivos como los agentes forestales sin ningún escrúpulo”, ha criticado.

El diputado regionalista considera que la cuantía destinada a sufragar esa política “contra el personal público” constituye “un auténtico escándalo” y debería ser motivo de “vergüenza” para el Gabinete de Diego, “sobre todo a la vista de los recortes inadmisibles que ha llevado a cabo en áreas esenciales para la sociedad de Cantabria, como las políticas sociales, la sanidad o la educación públicas”.

“Es inaceptable que al mismo Gobierno que ha cerrado los centros de salud por las tardes y ha reducido la plantilla de médicos en los pueblos y el personal de las aulas de dos años, por citar solo algunos de los recortes más sangrantes que hemos sufrido los cántabros en los últimos tres años, no le tiemble la mano a la hora de autorizar el gasto de 7 millones de euros para pagar indemnizaciones y costas judiciales como consecuencia de una política que sólo ha servido para incrementar el paro y asfixiar a los trabajadores de la Administración Autonómica”, ha agregado.

López Marcano ha criticado además el “oscurantismo y la falta de transparencia” con los que el Ejecutivo “intenta esconder este despilfarro”, sin responder a las preguntas y las peticiones de documentación planteadas por el Grupo Parlamentario Regionalista para conocer “todo el alcance” de las sentencias dictadas en su contra como consecuencia de los despidos de personal y el impago de derechos laborales.