El diputado del PRC Javier López Marcano ha acusado hoy a la dirección de la empresa pública Cantur de crear “falsas expectativas” a sus trabajadores con un convenio colectivo que incluye subidas salariales y mejoras laborales contrarias a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, razón por la que ha sido impugnado por la Dirección General de Trabajo.

López Marcano ha cuestionado la labor de “los innumerables asesores jurídicos” al servicio de esta sociedad y se ha preguntado si serán penalizados “en sus cuantiosísimos emolumentos” por el “grave error” que han cometido al no advertir que algunos de los preceptos del convenio vulneran la legalidad vigente y provocar que el Gobierno “tenga que impugnarse a sí mismo”, desde la Dirección de Trabajo dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Asimismo, ha responsabilizado al director de la empresa pública, Julio Muela, y al consejero delegado, Santiago Recio, como “máximos artífices” de un convenio con el que han pretendido “un acercamiento a la plantilla en vísperas electorales para compensar el profundo descontento existente como consecuencia de la persecución y los recortes que han sufrido los trabajadores desde la llegada de Ignacio Diego al Gobierno de Cantabria”.

Según ha explicado el parlamentario del PRC, las razones de la Dirección General de Trabajo para impugnar el convenio, que contó con la aprobación unánime del comité de empresa, radican fundamentalmente en la subida salarial prometida para 2015, equivalente al IPC más 1,5 puntos, dado que puede ser contraria al objetivo de déficit 0 establecido en la Ley de Estabilidad.

Además, ha destacado que la impugnación de este convenio ha paralizado también las negociaciones laborales iniciadas en el resto de las empresas públicas, ya que la decisión que adopte el Juzgado de lo Social será vinculante.

“Este Gobierno ineficiente e irresponsable ha situado a los trabajadores públicos en una situación de absoluta indefensión, jugando con sus legítimas aspiraciones después de tres años de persecuciones, despidos, recortes y reducciones de sueldos”, ha lamentado López Marcano.

A su juicio, esta actuación confirma la “frivolidad” y el “despilfarro” del Gabinete de Ignacio Diego, al que exigirá explicaciones en el Parlamento “por incurrir en este despropósito precisamente cuando Cantur cuenta con el mayor número de asesores jurídicos internos y externos de su historia, después de haber triplicado el gasto destinado a su contratación, hasta situarlo en más de 260.000 euros”.

“Cada día está más claro que los cántabros pagamos ese derroche con el único fin de que el presidente Diego pueda vengarse y luchar contra sus adversarios políticos, porque los consejos jurídicos brillan por su ausencia cuando son realmente necesarios para que prevalezca el interés general”, ha concluido.