Los 30 alcaldes del PRC han formalizado esta mañana la solicitud de una Asamblea Extraordinaria de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), para que se posicione contra la decisión del Gobierno Regional de eliminar el Fondo de Cooperación Municipal en el presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2013.

Los regidores regionalistas han realizado esta petición al considerar que la desaparición de dicho fondo entraña “tal gravedad para los entes locales de Cantabria” que resulta “indispensable” que la FMC asuma “un papel beligerante” en defensa de la financiación de los municipios.

Esperan además que el presidente, Julián Velez, proceda a esta convocatoria “de forma inmediata y urgente”, sin agotar los dos meses de plazo que prevén los estatutos de la Federación.

En este sentido, el alcalde de Valderredible y secretario de Política Municipal del PRC, Fernando Fernández, ha destacado la conveniencia de celebrar este debate “cuanto antes”, sin esperar a que el presupuesto de 2013 esté aprobado, “para que el fondo pueda ser recuperado en el trámite de enmiendas”.

Asimismo, ha confiado en que tanto los alcaldes del PP como los del PSOE se sumen a la postura de los regionalistas, para que el Gobierno mantenga en 2013 el Fondo de Cooperación Municipal con la misma dotación que este año (15.472.024 euros) y los mismos criterios de distribución.

Además de esta iniciativa, el PRC está presentando mociones en todos los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma con el mismo objetivo, a las que se sumará el próximo lunes una proposición no de ley en el Parlamento de Cantabria, que defenderá su portavoz, Rafael de la Sierra.

La exposición de motivos recuerda que el Fondo de Cooperación Municipal fue aprobado con un gran consenso político, tras un acuerdo del anterior Gobierno PRC-PSOE con los ayuntamientos y la Federación de Municipios, y “ha funcionado perfectamente y sin problemas hasta este mismo año 2012”.

El PRC aduce además que esta supresión se une a otros recortes dirigidos a los municipios por parte del Estado, como la reducción a “una cantidad mínima” de su aportación al Plan de Obras y Servicios y el Fondo Especial de Financiación de ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, así como la disminución en más de 400 millones de las transferencias corrientes dirigidas a garantizar la prestación de las funciones municipales.