El diputado del PRC Javier López Marcano ha dado la bienvenida al Gobierno de Cantabria a la lucha contra el intrusismo en los alojamientos dedicados al turismo rural, porque “ya era hora de que se decidiera a aplicar los instrumentos legales que tiene en sus manos desde hace más de dos años para acabar con la economía sumergida que tanto daño ha provocado a los profesionales de este sector”.

Aunque “tardía”, sobre todo tras el rechazo por la mayoría absoluta del PP, en noviembre de 2012, de la moción presentada por el Grupo Regionalista en el Parlamento para acabar con estas prácticas, López Marcano considera “una buena noticia” el compromiso anunciado por el consejero de Industria y Turismo, Eduardo Arasti, para proceder al cierre de aquellas casas rurales que incumplen la normativa que regula el funcionamiento de este tipo de establecimientos turísticos.

“Si hubiera actuado cuando se lo pedimos los regionalistas, este problema hoy sería historia, pero en cualquier caso bien está que el Gobierno rectifique y actúe de una vez como debe”, ha asegurado.

En este sentido, ha destacado que el Ejecutivo cuenta desde hace tiempo con “las armas necesarias” para tomar medidas contra aquellas casas rurales que funcionan al margen de la legislación, pero hasta ahora “ha preferido esperar cruzado de brazos y no hacer nada, sin siquiera elaborar un reglamento que regule el sector, como han hecho otras comunidades autónomas, como Madrid o Cataluña, para dar cobertura legal a todos los establecimientos”.

A su juicio y aunque “necesario”, el cambio de postura anunciado por Arasti “resulta llamativo”, dos años después de rechazar formalmente en el Pleno del Parlamento la propuesta del PRC, en defensa de un marco legal que permita la competencia en igualdad de condiciones en este sector.

López Marcano ha recordado que tomar medidas contra los establecimientos ilegales permitirá aflorar la actividad que hasta ahora se ha desarrollado como economía sumergida y sin pagar impuestos, con la consiguiente mejora de la situación de los trabajadores, al regularizar su situación, y de la calidad y los derechos de los usuarios, lo cual “redundará sin duda en un incremento del número de viajeros y pernoctaciones, al sumar las que hasta ahora no se computaban en los alojamientos ilegales”.