El PRC, el PSOE y el partido independiente AIPC han forzado la convocatoria de un pleno extraordinario, que tendrá lugar mañana a partir de las 19,30 horas, para exigir la dimisión del alcalde de Santa María de Cayón, Gastón Gómez, como máximo responsable del “desgobierno” que sufre el municipio y tras su imputación por posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

Así lo han dado a conocer hoy los tres grupos, que reclamarán la marcha inmediata del regidor “antes de que hunda al Ayuntamiento en el abismo económico”, con decisiones como la que ha adoptado recientemente para retrasar hasta 2024 el pago de los intereses de la deuda correspondientes a 2015.

“Gastón Gómez ha emprendido una deriva peligrosa para los intereses municipales”, han denunciado los portavoces de la oposición.

Los tres han atribuido a su “nefasta gestión” la deuda que acumula el Ayuntamiento, y que asciende a 7 millones de euros, y la “división” del equipo de Gobierno, formado en este momento por siete concejales tras la dimisión en enero del primer teniente de alcalde.

Asimismo, han denunciado que Gómez está tomando decisiones “en contra de la voluntad popular”, como el inicio de las obras de remodelación de la Plaza del Mercado de Sarón, las cuales –aseguran- “no eran necesarias en este momento y se han empezado sin siquiera notificar a los vecinos afectados, como exige la ley”.

Han recordado además que estas obras están condicionadas por un estudio de detalle que el alcalde ha presentado dos veces al pleno, sin conseguir su aprobación, y que implica la modificación de una acera y un vial público, cuyos detalles “han sido escondidos a la oposición”, que ha tenido que recurrir incluso a la Guardia Civil para poder acceder al proyecto.

A su juicio, esta “ocultación” se debe a que las obras conllevan la desaparición de numerosas plazas de aparcamiento, “en perjuicio de los comerciantes y de los vecinos”, además de generar problemas de accesibilidad al menos en un edificio colindante.

Finalmente, han denunciado la recepción en el Ayuntamiento de “facturas infladas”, como ha alertado el propio interventor municipal en varias ocasiones y pagos realizados “a empresas que no existen”.