La Fiscalía de la Comunidad Autónoma ha incoado diligencias de investigación para esclarecer la responsabilidad y las circunstancias en que se llevó a cabo el sacrificio a tiros de la manada de lobos adultos realizada en noviembre en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno.

Esta investigación se produce como consecuencia de la denuncia presentada por el diputado del PRC Javier López Marcano, quien considera que la matanza de los animales constituye un posible delito contra el medio ambiente y vulnera las leyes de Conservación de la Fauna Silvestre en Parques Zoológicos y de Cuidado de los Animales en su Explotación, Transporte, Experimentación y Sacrificio.

Tras conocer hoy la decisión judicial, López Marcano ha calificado su intervención en este asunto como “una magnífica noticia”, porque contribuirá al “esclarecimiento de los hechos, revelando el nombre de los responsables y dejando el bien merecido prestigio de Cabárceno en el lugar que históricamente le corresponde”.

El diputado regionalista decidió recurrir a la Fiscalía precisamente ante la “falta de información rigurosa y veraz” sobre el sacrificio de los lobos por parte de los responsables del parque, por lo que en su denuncia solicita la intervención del SEPRONA para que investigue, si no lo ha hecho ya, y requiera a la empresa pública Cantur la aportación de informes sobre las personas responsables de la toma de decisiones en Cabárceno, las órdenes dadas en relación con el control poblacional de la manada de lobos y el resultado de la autopsia realizada a los animales muertos para determinar cómo se produjo su sacrificio.

También insta a tomar declaración, “en calidad de imputados o testigos”, al consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Eduardo Arasti; al director general de Cantur, Alejandro Berjano; al director de Cabárceno, Carlos Recio; al veterinario-jefe, Santiago Borragán, y al veterinario responsable del área de carnívoros, Miguel Celada.

Según consta en la denuncia, el sacrificio de lobos realizado puede tener “trascendencia penal” a la vista de las justificaciones esgrimidas en los medios de comunicación por Miguel Celada, que a su juicio resultan “sonrojantes”, porque el método ‘culling’ esgrimido por el veterinario implica “el control poblacional para la reproducción de especies salvajes en cautividad mediante el sacrificio de las crías para garantizar la pervivencia de los animales en los recintos donde se encuentren y evitar problemas de consanguineidad de la manada”.

Sin embargo, la solución aplicada en Cabárceno ha sido “justo la contraria”, al matar a la manada adulta y conservar las crías y justificarlo por la incapacidad y el peligro en el manejo de los animales adultos. “Si la falta de capacidad, medios o infraestructuras sirve para justificar la matanza de animales en un Parque de Conservación de la Naturaleza, no estamos ante un ilícito administrativo, sino verdaderamente ante un ilícito penal”, asegura.

En virtud de lo establecido en el Código Penal, el sacrificio de los lobos puede constituir un delito contra el medio ambiente, castigado con pena de prisión de 4 meses a 2 años o multa de 8 a 24 meses, e incluso la inhabilitación de los responsables.

La denuncia destaca asimismo la vulneración de la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre en Parques Zoológicos, según la cual constituye una infracción muy grave “dar muerte de manera intencionada a los animales del parque zoológico o la eliminación de sus restos intencionadamente y sin causa justificada”.

De confirmarse la infracción de este precepto legal, las sanciones pueden elevarse desde los 60.101 a los 300.500 euros, “pero sobre todo podrían derivar medidas como el cierre de la instalación, lo que supondría un perjuicio inadmisible para la Comunidad Autónoma, por una negligencia manifiesta de los gestores y responsables políticos del parque”.

También alude a la Ley para el Cuidado de los Animales en su Explotación, Transporte, Experimentación y Sacrificio, según la cual es una infracción muy grave “el incumplimiento de la obligación exigida por las normas de protección animal, cuando concurra la intención de procurar tortura o muerte”. “Esta previsión pretende evitar el sacrificio injustificado y cruel de los animales salvajes; es decir, pretende evitar lo que ha ocurrido en Cabárceno”, precisa.

Las sanciones en este caso van de los 6.000 a los 100.000 euros y también pueden dar lugar a la clausura de las instalaciones del parque.

Por todo ello, la denuncia concluye que lo ocurrido en Cabárceno no sólo supone el “incumplimiento general” de los principios y normas recogidas en las leyes de protección de la naturaleza, sino que constituye “una actuación premeditada, ejercitada con saña –mediante disparos a animales indefensos-, y con una crueldad inadmisibles en un centro zoológico”. En consecuencia, “los responsables deben ser localizados, investigados y sometidos al peso de la ley para ejemplarizar que no se puede actuar contra los animales salvajes en cautividad como se ha actuado el pasado mes de noviembre contra los lobos en Cabárceno.