La alcaldesa de Comillas, la regionalista María Teresa Noceda, ha solicitado al Gobierno de Cantabria que asuma la financiación del servicio de socorrismo y vigilancia de la playa, hasta ahora costeado por el Ayuntamiento, al tratarse de una competencia que no corresponde al municipio, sino al Estado y a la Comunidad Autónoma.

En un escrito remitido a la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, Noceda apela a lo establecido tanto en la Ley de Bases del Régimen Local como en la Ley de Protección Civil de Cantabria y en el propio Estatuto de Autonomía, los cuales determinan que los servicios públicos de prevención, extinción de incendios y salvamento sólo están obligados a prestarlos los municipios con más de 20.000 habitantes, población a la que no llega Comillas.

La alcaldesa recuerda también el objetivo del Gobierno de Mariano Rajoy de “evitar el ejercicio de competencias impropias por los ayuntamientos para favorecer la racionalización del gasto”, por lo que considera que el Ejecutivo cántabro “debe asumir” la prestación del salvamento en la villa.

Para ello y dado que el Ayuntamiento ya ha suscrito un convenio con Cruz Roja para garantizar la cobertura durante la presente temporada estival, con un coste de 64.012,75 euros, propone que el Ejecutivo asuma el gasto íntegro y mantenga el convenio “para que el servicio no quede suspendido en ningún caso”.

Noceda destaca en su escrito la necesidad de primar el derecho de los ciudadanos a su protección y al mantenimiento de la seguridad en las playas, motivo por el que el Consistorio ha dado los pasos necesarios para habilitar los servicios de socorrismo que ya financió en 2011, pese a no ser su competencia, con una ayuda del Gobierno de apenas 15.593 euros.

No obstante, la alcaldesa de Comillas ha querido dejar claro que el Ayuntamiento “no está obligado” a prestar dicho servicio y ha aludido a una sentencia del Tribunal Supremo de 2003, que declara la inexistencia de responsabilidad civil por la muerte de un ciudadano en una playa de un municipio de menos de 20.000 habitantes al no ser competente en materia de salvamento.