El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha desestimado el recurso presentado por el Gobierno de Cantabria contra una sentencia del Juzgado de lo Social que declaró improcedente el despido de una trabajadora del Consejo de la Mujer y le condenó a indemnizarla con 44.000 euros, a los que deberá sumar ahora las costas judiciales y abonar 650 euros más por los honorarios del abogado de la despedida.

La diputada y portavoz del PRC en materia de Igualdad, Matilde Ruiz, ha dado a conocer hoy esta nueva sentencia, que confirma la “perversa política de personal” que está llevando a cabo el Ejecutivo de Ignacio Diego, al que ha exigido que “deje de despilfarrar el dinero público en juicios e indemnizaciones” y lo destine a “crear empleo, en lugar de destruirlo”.

Ruiz se ha declarado “escandalizada” ante esta nueva sentencia, ya que pone de manifiesto “la indignante alegría con la que este Gobierno utiliza el dinero de todos los cántabros para llevar a cabo una repugnante caza de brujas contra los empleados públicos y deshacerse de aquellos que no le ríen las gracias”.

“Las fobias de Ignacio Diego y sus consejeros contra los trabajadores de la Administración a los que no considera amigos nos han costado ya más de 3 millones de euros y, por el camino que van, muy pronto serán 4 millones costeados por los mismos ciudadanos a los que se piden sacrificios en forma de recortes sociales y subidas de impuestos”, ha criticado.

Matilde Ruiz ha condenado que el mismo Gobierno que “priva de un médico a los vecinos de Soba, cierra los centros de salud por las tardes y quiere acabar con las aulas de dos años para ahorrar, no tenga sin embargo empacho en malgastar millones de euros en despidos y acciones judiciales”, un comportamiento que considera “absolutamente inmoral”.

La sentencia recurrida por el Gabinete de Diego y ratificada ahora por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia declaró improcedente el despido de la trabajadora del Consejo de la Mujer al considerar que la desaparición de este organismo no lo justifica, por existir una “sucesión empresarial” que obliga al Ejecutivo a asumir “la responsabilidad solidaria”.

Este mismo criterio ha sido empleado por los tribunales para declarar improcedentes los despidos de otros siete trabajadores en el Consejo de la Juventud y establecer las oportunas indemnizaciones, que en ese caso alcanzaron los 250.000 euros.