La diputada del PRC Alodia Blanco propondrá el lunes al Gobierno, en el Pleno del Parlamento, que suprima “de inmediato” el impuesto especial aplicado sobre los hidrocarburos y reduzca el canon de saneamiento, dentro de la reforma fiscal anunciada por la consejera de Economía y que, a su juicio, debe fundamentarse en “la progresividad” para que cumpla el objetivo de reactivar el consumo.

Blanco defenderá una moción con la que pretende que el Ejecutivo “dé un paso atrás” en la subida generalizada de impuestos sufrida por los cántabros en los 2 últimos años, una vez constatado que, “lejos de permitir una mayor recaudación, lo que ha hecho es reducirla, empobreciendo además a los ciudadanos con menores recursos económicos”.

Según ha explicado, desde la llegada del PP al poder la fiscalidad ha sido “cada vez menos progresiva”, porque las subidas de impuestos que se han llevado a cabo “liberan a los más ricos y castigan con dureza a los más pobres”.

De hecho, ha destacado que a lo largo del presente año 2013 las tasas regionales han aumentado un 5 por ciento, mientras el IPC sólo ha crecido un 2,9, y se han creado 13 nuevos impuestos, “con ánimo claramente recaudatorio” y algunos de ellos “escandalosos”, como la tasa por revisión de la situación de incapacidad o la tasa por copia del historial clínico, “que se están cobrando mientras permanecen congeladas las tarifas de amarres de las embarcaciones deportivas y de recreo”.

“Los ciudadanos no comprenden esta política fiscal, porque es incomprensible que sus bolsillos se vean gravados una y otra vez mientras aquellos que más tienen resultan exonerados”, ha lamentado la parlamentaria.

Por eso, su moción insta al Gobierno a introducir en la reforma fiscal anunciada “mayores criterios de progresividad en la distribución de la carga impositiva, establecimiento una fiscalidad socialmente más justa, que favorezca a los más necesitados, beneficie a las familias y estimule el consumo”.

Respecto a la supresión del impuesto sobre los combustibles, Blanco considera que el Ejecutivo debe acometerla de manera inmediata, por su “efecto pernicioso”, ya que hasta la fecha ha supuesto la pérdida de 19,2 millones de euros, como consecuencia del trasvase de un 25 por ciento del consumo cántabro hacia el País Vasco, donde no se aplica este gravamen.

“Han cerrado gasolineras y desaparecido 260 puestos de trabajo, según los últimos datos difundidos por la Asociación de Estaciones de Servicio, por lo que el Gobierno no puede esperar un día más para rectificar su error”, ha agregado. Asimismo y en lo relativo al canon de saneamiento, ha señalado que el incremento aplicado desde la llegada del PP al Gobierno alcanza ya el 74 por ciento y se ha aplicado en la parte fija, por lo que no se penaliza a quien más consume, sino a todos los usuarios.

Ante esta situación, la diputada aboga por que la parte fija de dicho impuesto se retrotraiga a los importes establecidos en 2010 y la parte variable, a los importes de 2011.