El PRC urge al Gobierno a promover la modificación de la Ley de Montes estatal y presentar una norma cántabra que asegure soluciones “justas y definitivas”

Fernando Fernández pide garantías para prorrogar los consorcios de aprovechamiento y ejecutar deslindes y desafecciones de parcelas

Noticias PRC 13 Abril 2013

El Grupo Regionalista presentará este lunes en el Pleno del Parlamento una proposición no de ley para urgir al Gobierno de Cantabria a adoptar “las medidas que procedan” con el fin de instar la modificación de la Ley de Montes estatal en las Cortes Españolas “en todo lo necesario” para solucionar los problemas de titularidad que sufren los propietarios cántabros.

El diputado y portavoz del PRC en materia de Desarrollo Rural, Fernando Fernández, será el encargado de defender esta iniciativa, en la que también insta a presentar en el plazo de tres meses un proyecto de ley de montes para la región, que garantice “modos de solución justa y definitiva a los problemas de los afectados” y facilite la tramitación y resolución de los expedientes, “utilizando todos los medios que se consideren adecuados para ello”.

Además, pide garantías para el ejercicio de las competencias en los montes por parte de las entidades propietarias “en la forma que tradicionalmente ha venido haciéndose” a la hora de prorrogar los convenios y los consorcios para su aprovechamiento.


El deslinde de los montes de utilidad pública de Cantabria es otro de los objetivos de esta proposición no de ley, en aras a “desafectar las parcelas que sea oportuno para salvaguardar los derechos de los ciudadanos y una gestión más eficiente de sus bienes por las entidades propietarias”.

Fernando Fernández espera que esta propuesta cuente con el voto favorable del Partido Popular, dado que las soluciones propuestas formaron parte de las promesas electorales que el actual presidente, Ignacio Diego, realizó a los afectados.


En este sentido, ha subrayado que el PP cuenta en estos momentos con mayoría absoluta tanto en Cantabria como en Madrid, por lo que “está exclusivamente en sus manos la posibilidad de presentar, defender y aprobar el cambio legal necesario para garantizar las titularidades de los afectados cántabros y la gestión de los consorcios en la forma en la que tradicionalmente fueron gestionados”.