El Partido Regionalista de Cantabria ha subrayado “el compromiso firme y público” del Gobierno de Cantabria con los trabajadores y las personas dependientes y sus familias del CAD de Sierrallana, para acometer una obra que tiene por objeto “garantizar” la seguridad de los residentes, “mejorar” sus asistencia y “dignificar” la atención.

La diputada y portavoz regionalista en materia de sanidad, Rosa Valdés, se ha pronunciado en estos términos durante el debate hoy en el Pleno del Parlamento de la moción presentada por el Grupo Podemos, que los regionalistas han rechazado, sobre el traslado de residentes del CAD de Sierrallana como consecuencia de las obras que se van a acometer en el módulo 1, que suponen una inversión de 2,6 millones de euros.

Valdés ha subrayado que el Gobierno de Cantabria “está cumpliendo escrupulosamente” la hoja de ruta marcada y que es conocida por las familias y los trabajadores.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el traslado de los residentes se está realizando “bajo los necesarios criterios técnicos” y que regresarán al centro cuando los trabajos concluyan. “Sabe perfectamente que, una vez finalizas las obras, los residentes trasladados regresarán al centro. Un centro moderno, con instalaciones dignas y preparado para atender de manera adecuadas las necesidades de las personas”, ha indicado la portavoz regionalista.

Por ello, ha ironizado con “el delito, el desatino y el error” que supone que la Administración pública invierta en un centro público para “mejorar” las instalaciones y la atención que se presta además de “procurar” formación a los trabajadores, por lo que ha acusado a Podemos de “utilización partidista” y de “falta de rigor” en la propuesta.

Una propuesta que, para Valdés, “copia punto por punto” la planteada por una organización sindical. “Muy respetable, pero que no tiene razón de ser”, ha concluido.

El Grupo Regionalista ha votado en contra, igualmente, de la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular sobre la prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal estatutario fijo del Servicio Cántabro de Salud por “mantener posturas numantinas más cercanas a la defensa de intereses particulares que del interés general”.

Rosa Valdés ha recordado los recortes aplicados por el PP en sanidad y en su política de personal, subrayando que “solo aplicó lo que ahora pide” en dos casos de 173 además de que su política de personal “no supuso” la mejora de la plantilla ni la incorporación de nuevos profesionales jóvenes.

Por ello, ha instado al PP a que “no propongan desde la oposición, lo que fueron incapaces de llevar a efecto desde el Gobierno”.

Por otra parte, el Grupo Regionalista ha apoyado la moción presentada por el Grupo Mixto-Ciudadanos sobre la traducción de las páginas web del Gobierno relacionadas con el turismo y la proposición no de ley de Podemos sobre modificaciones en la Ley General de la Seguridad Social en los casos de jubilación anticipada.

La diputada y portavoz regionalista en materia de Turismo, Ana Obregón, ha apostado por “dar un paso más” y ha sugerido que además de la mejora en la traducción de la web del Gobierno se trabaje en las de los ayuntamientos más importantes “porque también son imagen de Cantabria”.

En cuanto a la proposición no de ley de Podemos, Matilde Ruiz ha argumentado el apoyo del PRC a esta propuesta porque los regionalistas “vamos más allá y pensamos que habría que derogar prácticamente todo el decreto por los efectos dañinos” que ha tenido y tiene sobre las jubilaciones anticipadas.

Al respecto, ha subrayado que hay que diferenciar entre las voluntarias y forzosas porque “no son lo mismo, ni afectan igual a las personas”.

A su juicio, habría que poner el foco en las jubilaciones forzosas porque “son parados”, la mayoría mayores de 50 años con muchas dificultades para incorporarse al mercado laboral.

Por último, ha lanzado una dura crítica a las declaraciones realizadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, y la diputada Celica ‘Candy’ Villalobos sobre las pensiones por “vergonzosas” y “mentir” a la población.