El Partido Regionalista de Cantabria ha sostenido hoy que el Gobierno del Partido Popular “urdió” con los promotores de Ecomasa, Jesús Lavín y Andrés de León, “el entramado financiero” que supuso la pérdida de 21,2 millones de euros: 18 de las arcas públicas y 3,2 de los trabajadores de Teka que pasaron a la nueva empresa. 

Así lo ha defendido el portavoz regionalista en la Comisión de Investigación de Ecomasa-Nestor Martín, Francisco Ortiz, que ha debatido hoy las conclusiones presentadas por los diferentes grupos. 

Para el PRC, ha quedado “probado” que el Gobierno del PP “urdió” con los promotores privados “el entramado financiero” del Grupo para “captar los fondos públicos y beneficiar” a De León y Lavín, descritos como empresarios “de éxito” y “con garantías” por el entonces jefe del Ejecutivo Ignacio Diego. 

De hecho, ha incidido en “el papel fundamental” que tuvo el exgerente del Icaf, Jorge Gómez de Cos, y el Consejo de Gobierno del PP para que 88 trabajadores de Teka pasaran a la nueva empresa. 

El portavoz regionalista ha hecho hincapié en la  “vinculación directa” entre el Ejecutivo de Diego con De León y Lavín a través de Jorge Gómez de Cos, “tal como acreditan los correos que se intercambiaron”, así como de la relación entre De León y Diego  que “determinaron el impulso del proyecto y su financiación” por parte del Gobierno del PP.

El Ejecutivo ‘popular’ aportó 18 millones de euros a una iniciativa que “carecía de plan de negocio” y “no disponía ni de estudio de mercado, ni petición formal de aval ni de crédito, ni soporte documental” y cuya gestión “estuvo caracterizada por la improvisación, falta de clientes y mala administración”.

Una gestión que el portavoz regionalista ha calificado de “fraudulenta”  y  que “conllevó una clara malversación de fondos públicos”, ya que, según ha explicado, “el dinero que debió ir a la empresa de Maliaño se destinó a otras empresas del Grupo”. “Se hizo una reestructuración financiera para desviar el dinero público destinado a la empresa de Maliaño a otras del Grupo, dejando en un segundo plano la idea principal del proyecto, que consistía en crear una planta productiva en Santander que generara empleo local e impulsara la actividad económica de la región”, ha sostenido.

Ortiz ha incidido en que la empresa era  “inviable” a mediados de 2014. “Los promotores y el Gobierno del PP eran conscientes de que la empresa estaba en quiebra en junio de 2014 y sabían que debían solicitar el concurso de acreedores en dos meses”, ha subrayado.

Sin embargo, ha apuntado que el objetivo del Ejecutivo de Ignacio Diego era “mantener” la empresa “con exclusivo fines electoralistas”, lo que, a su juicio, “perjudicó más si cabe a los trabajadores”.

Unos trabajadores que fueron “engañados, intimidados y coaccionados” para que, “en 36 horas” decidieran si pasaban de Teka a Ecomasa y que “aportaron 3,2 millones de euros”, ha señalado.

Por ello, el portavoz regionalista ha llamado la atención por “el cambio” de criterio de los ‘populares’ que durante “toda” la comisión “han afirmado que no era su dinero” y “ahora se presentan como sus defensores”.

La Comisión de Investigación de Ecomasa ha llegado hoy a su final después de dos años de trabajo, aprobando las conclusiones presentadas por PRC, el PSOE, Podemos y Ciudadanos que tendrán que  ser ratificadas por el Pleno de la Cámara. 

El Grupo Regionalista ha presentado dos matizaciones terminológicas a sus conclusiones “para conseguir un dictamen apoyado por la mayoría”.