El portavoz regionalista, Pedro Pérez Noriega, ha solicitado al alcalde, Ildefonso Calderón Ciriza, que convoque urgentemente una Junta de Portavoces para informar a los grupos de la Corporación sobre la situación "actual y real" de la Casona Municipal.

Pérez Noriega ha explicado que las declaraciones de Calderón Ciriza en Onda Cero haciendo referencia a un supuesto empeoramiento del estado de este inmueble ha generado "gran preocupación" en el Grupo Municipal Regionalista dado que se está hablando de la seguridad de los trabajadores municipales y de los vecinos que cada día acuden a las dependencias municipales para realizar sus gestiones.

"No podemos admitir", ha dicho el portavoz regionalista, que el alcalde salga en los medios de comunicación afirmando algo tan grave sin previamente haber informado a los grupos de la Corporación y a los sindicatos de que existe un "riesgo" para su integridad física.

Por eso, ha anunciado, hemos solicitado a Calderón Ciriza que convoque a los portavoces y de a conocer los informes que dicen que existe tal riesgo, que es una situación de extrema gravedad, así como que explique qué pasos se van a dar si es necesario acometer de manera urgente el desalojo de las dependencias municipales.

Por otro lado, Pérez Noriega ha recordado que ya la pasada legislatura el Grupo Municipal Regionalista denunció en numerosas ocasiones el estado del edificio y reiteró la necesidad de acelerar el traslado de las dependencias municipales para evitar cualquier riesgo, obteniendo como respuesta del entonces equipo de gobierno del PSOE que, según el último informe realizado en diciembre de 2010, "el estado de salud del edificio del Ayuntamiento era perfecto" (Cruz Viadero, enero 2011).

Precisamente, ha concluido el portavoz regionalista, el poco tiempo transcurrido desde la realización de este informe y las diferentes conclusiones que, según las declaraciones del alcalde, se han obtenido de los últimos informes hace que sea "necesario" que el equipo de gobierno informe sobre la situación "real" del inmueble y confirme o desmienta que existe un "riesgo evidente" para la seguridad de los empleados municipales y de los vecinos.