El PRC reclama en el Senado una normativa “segura” para “defender” los derechos de los propietarios frente a la ocupación ilegal de sus viviendas

El senador autonómico registra una batería de preguntas para “atajar la ocupación ilegal” de inmuebles

Noticias PRC 20 Julio 2020
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El senador autonómico y diputado regional, José Miguel Fernández Viadero, ha registrado una serie de preguntas en el Senado con el fin de “atajar” la ocupación ilegal de viviendas y “defender” los derechos de los propietarios. 

Para ello, los regionalistas reclaman una normativa “segura” que defienda los derechos de los propietarios frente a la ocupación ilegal de sus inmuebles, ya que, en su opinión, actualmente la legislación vigente “deja, en muchos casos, indefensos” a los propietarios frente a “los usurpadores del bien ajeno”. 

Fernández Viadero ha puesto como ejemplo el caso reciente detectado en municipios como Meruelo o Polanco, donde varias casas han sido ocupadas ilegalmente “provocando una gran incertidumbre y zozobra entre los vecinos de ambos municipios”. 

“Debemos diferenciar entre aquellos que ocupan una casa ilegalmente y que, en algunas situaciones, resultan conflictivos, y aquellos que luchan por quedarse en sus viviendas por no poder hacer frente a los pagos”, ha puntualizado. 

Para ello, ha reclamado una legislación “más rápida y segura” en la que los poderes públicos “puedan actuar con diligencia”. 

De este modo, cuestiona al Gobierno sobre si va a legislar para que “se imposibiliten las ocupaciones de viviendas de manera ilegal” o si tiene previsto “asumir” el procedimiento dictado por la Fiscalía de Baleares “para atajar” la problemática de la ocupación ilegal de viviendas. 

En este sentido, ha recordado que el fiscal superior de Baleares dictó una instrucción hace un año que permite a las fuerzas de seguridad a desalojar una vivienda sin la intervención de un juez. 

Igualmente, Fernández Viadero pregunta por “las medidas” que está adoptando el Gobierno de Pedro Sánchez “frente a la ocupación ilegal de viviendas que se está produciendo en el todo el territorio nacional”; por “los instrumentos de defensa que poseen los propietarios de vivienda que ven ocupada su residencia”; y por la opinión del Ejecutivo central por la ocupación ilegal de inmuebles.