El grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento de Santander va a proponer en el próximo pleno municipal la creación de una mesa de trabajo para lograr un Pacto por la Seguridad en los barrios que abarque el diseño, organización y funcionamiento de la política de seguridad en los mismos y que cuente con representación de los grupos políticos, sindicatos y asociaciones de vecinos.

El objetivo de este plan es el aseguramiento de la convivencia pacífica, la utilización respetuosa y ordenada de las vías y de los espacios y, en general, la garantía de la seguridad física de las personas y sus bienes.

Para el portavoz del PRC, José María Fuentes-Pila, la prevención, persecución y erradicación de comportamiento incívicos y violentos en la ciudad debe ser prioritario hasta conseguir mejorar "la seguridad, bienestar, calidad de vida y convivencia pacífica" para todos los santanderinos. De ahí indicó que este pacto ayudará a acordar entre todos un escenario de prevención y un marco de actuación en el campo de la seguridad, “unos principios desde los que intervenir, unas prioridades a las que atender y unos objetivos que alcanzar” para evitar incidentes como los ocurridos recientemente con la quema de contenedores o la inseguridad en ciertos barrios como demandan los vecinos de Isla del Óleo en Nueva Montaña.

“Entendemos que en materia de seguridad la actuación desde los barrios, la presencia en los mismos de un número suficiente de policías, y la participación de los mismos, debe ser un elemento esencial a la hora de abordar los diagnósticos de seguridad y evaluar la efectividad de las actuaciones llevadas a cabo en los mismos”, indicó Fuentes-Pila.

Esta política de seguridad centrada en los vecinos, y en los diferentes barrios según sus necesidades, giraría en torno al principal recurso del Ayuntamiento que es la policía local “pues entendemos que el modelo de policía de barrio debe conocer cada barrio, ser próximo a los vecinos, y estructurar sus centros de decisión de forma descentralizada permitiendo una participación de la ciudadanía y las asociaciones, permanente y vivo aumentando con ello su efectividad gracias al contacto estrecho con el barrio y sus vecinos”, señaló.

Los regionalistas apuntan que dicho modelo contrastado y con éxito en diferentes ciudades ha contribuido a reducir la tasa de delitos y lograr una mejora en la percepción y relaciones de la policía con la comunidad y los vecinos. “Se trata de establecer canales de comunicación directa entre la policía de barrio asignada a la zona con asociaciones de vecinos y ciudadanos particulares, con el fin de atender demandas y/o preocupaciones dentro del ámbito de actuación competencial de dicha figura”, concluyó.