La diputada y portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista en materia de empleo, Matilde Ruiz, ha presentado hoy una propuesta para que el Gobierno de Cantabria ponga en marcha “un convenio de empleo” con todos los ayuntamientos, que permita la contratación de personas en paro para la realización de obras y servicios municipales.

Ruiz ha dado a conocer su iniciativa en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto al alcalde de Soba, Julián Fuentecilla, y en la que ha abogado por ampliar la fórmula de contratación que actualmente funciona en Cantabria sólo 5 meses al año, con dos convocatorias cada ejercicio y adjudicaciones en los 102 municipios, en función de su extensión, la dispersión de la población y el porcentaje de parados.

“Perseguimos el doble objetivo de crear empleo y evitar la despoblación de los pequeños pueblos, que tienen menos oportunidades, teniendo en cuenta que más del 80 por ciento del territorio de Cantabria es rural”, ha explicado.

La diputada regionalista ha apelado a la “gravísima situación” que vive Cantabria, con 51.865 personas sin trabajo, caídas “récord” en el número de afiliados a la Seguridad Social y el “peor resultado anual en número de autónomos”, para justificar la necesidad de un convenio de estas características.

A su juicio, el Gobierno “no quiere ver” esta realidad, como no quiere “mirar a la cara” a las casi 22.000 personas que se encuentran desempleadas y no perciben prestación alguna, por lo que cree que “sobran las razones” para actuar “de manera contundente”. “El PP tiene que demostrar si es capaz de sacar a esta región adelante, porque lo único que ha hecho hasta ahora es hundirla cada vez más”, ha apostillado.

Ruiz considera que el convenio de empleo que el PRC defenderá en el Parlamento debe llevarse adelante en base a criterios de economía social, para que tengan prioridad las personas desempleadas que no perciben prestación, ya que son “las que más urgentemente necesitan salir de esta situación de extrema necesidad para poder llevar una vida digna”.

Defiende además el establecimiento de unos mínimos de contratación para los 102 ayuntamientos, en función de la extensión, la dispersión poblacional y el porcentaje de personas en paro censado en cada uno.

“Los regionalistas esperamos que esta iniciativa sea apoyada por unanimidad de todos los grupos, por lo que apelo a la responsabilidad de un Gobierno que hasta ahora ha sido inútil e incapaz de crear empleo”, ha concluido la parlamentaria del PRC.