El PRC presenta una nueva denuncia judicial contra el alcalde de Noja por prevaricaciˇn, malversaciˇn y delito contra las garantÝas constitucionales

Por gestionar servicios p˙blicos sin contrato y realizar pagos sin consignaciˇn presupuestaria y en contra de las advertencias del tÚcnico correspondiente

31 Julio 2014

Los concejales del PRC en el Ayuntamiento de Noja han presentado hoy en el Juzgado de Guardia de Santoña una nueva denuncia contra el alcalde, Jesús Díaz (PP), y el anterior Secretario Municipal a quienes acusan de prevaricación administrativa, malversación de fondos y caudales públicos y delito contra las garantías constitucionales, por gestionar servicios municipales sin contrato y realizar sin consignación presupuestaria pagos a empresas, en contra de las advertencias de la Intervención Municipal.

Esta nueva denuncia se suma a la presentada en mayo, igualmente contra el alcalde, por permitir actividades sin licencia a un negocio de hostelería propiedad de un concejal del PP.

En esta ocasión, los regionalistas han decidido acudir de nuevo al juzgado tras constatar numerosas irregularidades administrativas en la gestión de servicios municipales por parte de empresas a las que el Ayuntamiento ha pagado más de 200 facturas, por importe de 800.000 euros, sin consignación presupuestaria, ni autorización legal del gasto.

Según explican en el documento de denuncia registrado hoy en el Juzgado de Santoña, diversos servicios del Ayuntamiento se han gestionado desde 2009 “sin contratos, ni procedimientos de adjudicación y obviando las advertencias que, en más de 50 reparos de los que se tenga constancia fehaciente (existe la obligación de anexionar los reparos negativos de Intervención en las Cuentas Generales de cada ejercicio presupuestario, los cuales fueron negados por el alcalde y anterior Secretario en las peticiones realizadas por los ediles regionalistas) han realizado los servicios de intervención”, mientras que los pagos “carecen de sustento presupuestario y fueron avisados de ilegalidad por los servicios municipales”.

De hecho y como consecuencia de esa situación, algunas de las empresas encargadas de esos servicios han tenido que acudir a los tribunales para reclamar los pagos, lo cual ha supuesto sentencias en contra del Consistorio, que le han obligado a afrontar tanto el coste de los servicios prestados pero no contratados, como los intereses legales por la demora en la liquidación.

No obstante y a pesar de esa situación, las empresas afectadas han continuado trabajando para el Ayuntamiento, por lo que el PRC sospecha de una posible “connivencia” para asumir la “ilegalidad” y continuar prestando los servicios. De hecho, las “beneficiarias” de las irregularidades se repiten de manera casi permanente: Igualatorio Médico Quirúrgico; Ambulancias Mompía; Limpiezas, Sistemas y Procesos Mecanizados; Limpiezas Santander; De la Fuente Producciones Artísticas y Taesa 2000, fundamentalmente.

La denuncia cita como ejemplos de las irregularidades los casos del Igualatorio Médico, Ambulancias Mompía y Limpiezas, Sistemas y Procesos Mecanizados. En el primer caso, el Ayuntamiento de Noja paga más de 6.000 euros trimestrales desde 2009 mediante resoluciones directas de la Alcaldía, un procedimiento que evidencia “la voluntad del alcalde de incumplir la ley, ya que podía haber procedido en cualquier momento a la contratación administrativa del servicio y no lo ha hecho”.

Por lo que respecta a Ambulancias Mompía, existe una sentencia que constata que el Consistorio no siguió el procedimiento legal de contratación y le condena por enriquecimiento injusto al pago de 250.000 euros, más los intereses de demora y las costas del proceso, lo que ha elevado el coste para las arcas locales hasta los 350.000 euros. Para el PRC, este caso es “aún más grave, porque la empresa ha seguido prestando sus servicios sin contrato después de la sentencia, lo que supone un ánimo defraudatorio evidente del alcalde”.

La relación con Limpiezas, Sistemas y Procesos Mecanizados y Limpiezas Santander es similar, ya que en ambos casos existen sentencias, que han supuesto un coste superior a los 100.000 euros.

Además de prevaricación administrativa y malversación, los concejales regionalistas también imputan al alcalde un posible delito contra los derechos constitucionales por ignorar de manera reiterada todas las solicitudes que han presentado para acceder a los expedientes completos de la relación contractual entre el ayuntamiento y las prestatarias de los servicios públicos.

En este sentido, consideran vulnerado su derecho de acceso a la documentación municipal, en contra de lo establecido tanto en la legislación del Régimen Local, como en la propia Constitución, sobre los derechos de los cargos públicos representativos y como ponen de manifiesto sendas sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santander que condenan al Ayuntamiento de Noja por “denegación de información” y por “incumplimiento del deber de facilitar información” a los concejales, respectivamente.