El Grupo Parlamentario Regionalista ha presentado 53 enmiendas parciales al proyecto de Ley de Medidas Administrativas, Económicas y Financieras para la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos, más conocida como Ley de Recortes, encaminadas fundamentalmente a defender los derechos sociales y evitar la reorganización de la Administración, la sanidad y la educación que pretende el Gobierno de Cantabria sin siquiera saber lo que ahorra.

Así lo ha dado a conocer esta mañana el portavoz del PRC en el Parlamento, Rafael de la Sierra, quien ha comparecido en rueda de prensa acompañado por las diputadas que han colaborado en la elaboración de las enmiendas: Rosa Valdés, Eva Bartolomé, Teresa Noceda, Matilde Ruiz, Alodia Blanco y Concepción Solanas.

Tras un estudio pormenorizado del proyecto, en el que han participado “sindicatos, sectores afectados, asociaciones y expertos”, la primera conclusión del Grupo Regionalista es que el Ejecutivo cántabro “no sabe lo que ahorra con esta ley, no sabe lo que necesita ahorrar y presenta medidas no estudiadas, prácticamente a voleo”.  “Se habla de un ahorro de 157 millones, pero nadie sabe por qué”, ha asegurado Rafael de la Sierra, para quien este plan de recortes denota “improvisación, ligereza y falta de rigor”.

En este sentido, ha explicado que el propio Gobierno ha reconocido por escrito, en respuesta a preguntas de una diputada, que “no es posible hacer un cálculo del ahorro que puedan producir” medidas como el incremento de jornada de los docentes y el personal sanitario. En consecuencia, ha cuestionado “cómo es posible que un ataque de esta manera a derechos sindicales consolidados, a derechos relacionados con la conciliación de la vida laboral y familiar y con la actividad de profesionales cualificados de la sanidad y la educación, que va a deteriorar casi con total seguridad el servicio que se presta a los ciudadanos, si no se sabe lo que se va a ahorrar con estas medidas”.

Ante esta situación y como alternativa, el PRC propone que la ley contenga la obligación del Gobierno de realizar una planificación y ordenación de los recursos humanos para “saber exactamente de qué estamos hablando”. La enmienda plantea un plazo de tres meses para que las consejerías de Presidencia y Justicia, Economía, Educación y Sanidad elaboren “un plan en el que puedan fundarse las medidas, con criterio y con conocimiento”.

Alternativa fiscal

Por otro lado y además de suprimir las modificaciones fiscales planteadas por el Gobierno, que suponen básicamente la implantación en Cantabria del tipo máximo del impuesto sobre las gasolinas y gasóleos, la creación de un gravamen por valoración de la dependencia y el incremento del canon de saneamiento y la tasa de basuras, el Grupo Regionalista ha presentado una alternativa basada en la “progresividad”, con el objetivo de evitar que afecte a las rentas más bajas y fomentar la actividad económica.

Como medidas concretas contempla incrementar un 10 por ciento la tasa de basuras que pagan los ayuntamientos y el canon de saneamiento, pero aplicando el aumento en la parte variable, para que “pague más quien más contamina”, y estableciendo bonificaciones para las rentas más bajas.

También aboga por recuperar el Impuesto de Sucesiones para quienes hereden más de 400.000 euros, establecer reducciones para los gravámenes sobre los préstamos hipotecarios y mejoras en la regulación de las donaciones tanto entre familiares como con no familiares cuando está en juego la continuidad de una empresa.

En lo que respecta a las empresas públicas, el PRC está de acuerdo con las limitaciones salarias establecidas por el Gobierno, pero quiere suprimir la capacidad que éste se reserva para eliminarlas cuando lo considere oportuno, y propone la autorización del Parlamento para constituir sociedades con un capital superior a 30 millones de euros.

Renta Social Básica

Por otro lado y como “una cuestión de principio”, Rafael de la Sierra ha anunciado enmiendas contra los recortes en la Renta Social Básica, al considerar “impresentable” que en un momento de dificultades como el actual sean “la estrella” del plan del Ejecutivo, con “una falta de justificación y de sensibilidad” que ha despertado incluso el rechazo de organizaciones religiosas y de asistencia social “vinculadas al PP” y que se sienten “aterradas por estas políticas”.

Otro de los objetivos de las enmiendas regionalistas es evitar la supresión del Consejo Económico y Social (CES), el Consejo de la Mujer y el Consejo de la Juventud. Dado que la justificación esgrimida por el Gobierno es económica, su propuesta, de acuerdo con los miembros de estos organismos, es que continúen su actividad pero renuncien a las dietas y a “todos los gastos relacionados con el ejercicio de su función”, con lo que su funcionamiento sería posible “prácticamente sin coste económico”.

Finalmente, el Grupo Regionalista quiere fijar en el 31 de diciembre de 2014 el límite de vigencia de la Ley de Recortes, con el fin de demostrar la “provisionalidad” planteada por el Gobierno de Cantabria al proponer su aprobación.