El Grupo Parlamentario Regionalista ha presentado 186 propuestas de resolución en el Debate de Orientación Política, con el objetivo de llegar a 2015 sin que el Gobierno de Cantabria “pierda oportunidades de recuperación por falta de dedicación o de capacidad”.

Aunque no son un auténtica alternativa de Gobierno, esas propuestas están planteadas desde el convencimiento de que el “escenario más probable” tras las elecciones del próximo año será la vuelta de Miguel Ángel Revilla a la Presidencia, según ha explicado el portavoz del PRC, Rafael de la Sierra.

“Se necesita un gobierno activo, no un gobierno de plañideras y a eso van dirigidas nuestras propuestas”, ha recalcado.

Con ese objetivo y en materia de obras públicas, el PRC exige la puesta en marcha inmediata del Plan Estatal de Vivienda, la aprobación de un Plan Autonómico de Rehabilitación y un plan coordinado con el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) dirigido a los colectivos sociales de especial vulnerabilidad, además de la presentación en el Parlamento del Plan de Puertos, una solución para la integración ferroviaria de Santander, la reordenación del puerto deportivo de Castro Urdiales, el desarrollo del Cabildo de Arriba, la rehabilitación del edificio de la antigua Universidad Pontificia y del edificio de El Espolón, en Comillas.

En el área de medio ambiente y ordenación del territorio, plantea, entre otras cuestiones, la adopción de medidas para impedir la práctica del fracking en Cantabria, el desbloqueo de la planta de biomasa proyectada en Valderredible, la construcción del subfluvial de Laredo, la estación depuradora de San Pantaleón, los proyectos de saneamiento del Asón, el Plan de Ordenación del Territorio y una nueva aprobación inicial del Plan del Territorio Pasiego.

Los ayuntamientos son otro de los ejes de las iniciativas del PRC, que aboga por recuperar el Fondo de Cooperación Municipal, el Plan Concertado de Servicios Sociales y un auténtico plan de empleo local. También quiere liberar a las entidades locales de la obligación de recaudar el canon de saneamiento y defiende el Estatuto Jurídico de Capitalidad de Santander y la constitución del Área Metropolitana de la Bahía.

En el ámbito de la Consejería de Presidencia y Justicia, las propuestas pasan por culminar el proceso de modernización de la justicia, la defensa de los partidos judiciales existentes y la continuidad de los juzgados de paz, la reclamación al Estado de la financiación íntegra del coste de la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita y la construcción del Palacio de Justicia en el solar enfrente del Parlamento.

En materia de Administración Pública, aboga por un plan de reducción de cargas administrativos y la supresión de la Oficina de Control del Gasto, que considera “un capricho del presidente absolutamente innecesario”.

También propone devolver al 112 el carácter de entidad pública empresarial y un Plan Regional de Emergencias, así como medidas para promover la igualdad real y efectiva de hombres y mujeres y ayudas en materia de conciliación y lucha contra la violencia de género.

Los jóvenes son igualmente destinatarios de las iniciativas del PRC, que reivindica medidas de fomento del empleo juvenil, una Ley de Juventud y el restablecimiento de la Renta Básica de Emancipación Juvenil y las ayudas al alquiler de vivienda.

Para el sector primario, reclama un plan de actuaciones dotado con 29 millones de euros, un plan de apoyo a los productores lácteos y la creación de la figura del mediador de los contratos lácteos para propiciar acuerdos entre las industrias y los ganaderos, así como un plan de apoyo a la industria agroalimentaria y a la marca Calidad Cantabria.

Un plan forestal, el aprovechamiento de la biomasa en los montes de utilidad pública, una Indicación Geográfica Protegida para la anchoa del Cantábrico y un programa de desarrollo rural completan las iniciativas orientadas al desarrollo rural.

En materia fiscal, el Grupo Regionalista defiende la rebaja del IVA al 4 por ciento para todos los alimentos y al 10 por ciento para la cultura, la práctica deportiva y actividades como la peluquería y los servicios funerarios, junto a la supresión del impuesto especial sobre hidrocarburos.

Para el impulso del empleo reivindica el restablecimiento del servicio público de orientación laboral, la ejecución de políticas activas de empleo, un plan específico de inserción laboral para personas con discapacidad y colectivos con mayores dificultades de inserción y la aprobación de una Ley Cántabra de Emprendedores antes de que finalice el año.

En el área de las políticas sociales, las principales propuestas están encaminadas a la creación de un Fondo de Emergencia Social para ayudar a las familias sn ingresos y la puesta en marcha de acciones contra la pobreza.

Por lo que respecta a la Consejería de Educación, reclama la vuelta a los índices de calidad educativa y a los niveles de inversión del anterior Gobierno y aboga por mantener la ratio de 25 alumnos, cubrir las bajas en 48 horas, recuperar el profesorado de apoyo, redactar un nuevo currículo de Primaria, recuperar las ayudas para adquisición de materiales curriculares, garantizar una FP básica de calidad y construir nuevos colegios en Renedo y Castro Urdiales.

Del mismo modo, reivindica establecer un nuevo contrato programa bien dotado económicamente para la Universidad de Cantabria.

En Cultura y Deporte, propone planes para poner en valor las cuevas prehistóricas y los equipamientos culturales, la construcción de la piscina olímpica de Torrelavega, la bolera cubierta de Los Corrales y la recuperación del Consorcio de Piscinas.

En Sanidad, la prioridad del PRC es la financiación íntegra de Valdecilla por el Estado, junto con un plan director para Sierrallana, un convenio con Castilla y León para potenciar el hospital Tres Mares y un acuerdo con el País Vasco para asistir a los ciudadanos de Castro Urdiales, además de la puesta en marcha inmediata de un servicio de urgencias pediátricas de Sierrallana las 24 horas.

Junto a ello, quiere recuperar la atención a la dependencia perdida por los recortes del PP y modificar la Ley de Servicios Sociales para equilibrar la renta social al salario mínimo, entre otras prioridades.

Finalmente, propugna un Plan Industrial Regional y actuaciones concretas en la comarca del Besaya, medidas que palien la caída del sector turístico y la reivindicación al Estado de las grandes obras de infraestructuras paralizadas y de la deuda histórica que el presidente regional, Ignacio Diego, cifró en 590 millones de euros antes de la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno de España.