El Grupo Parlamentario Regionalista ha presentado 176 enmiendas parciales al proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2013 y 41 a la Ley de Medidas Económicas y Administrativas, más conocida como Ley de Acompañamiento, en un intento de “dar mejor sentido” a un documento que tiene “difícil arreglo, porque parte de una concepción del Gobierno y de la acción de gobierno” que no comparte y que “va en contra de lo que necesita la sociedad”.

Así lo ha dado a conocer esta mañana en rueda de prensa el portavoz en el Parlamento, Rafael de la Sierra, quien ha destacado la dificultad que supone enmendar la política “absolutamente restrictiva” que ha elegido el Ejecutivo del PP y que “impide tener el presupuesto que necesita Cantabria”.

Para minimizar esas restricciones y financiar políticas que considera prioritarias, el PRC propone exigir al Estado el pago de la deuda de 590 millones de euros cuantificada por el presidente regional y cuya reclamación “ya fue avalada por el Parlamento”, con un primer pago en 2013 de al menos 100 millones.

“Ahí sí que se puede actuar”, ha enfatizado el portavoz regionalista, quien ha recordado las palabras pronunciadas por Diego en la Cámara para destacar que ese pago pendiente no es “una donación, ni un regalo, ni una deuda histórica indefinida”, sino “una deuda vencida, líquida en algunos casos y en otros liquidable fácilmente” y, por lo tanto, “exigible al Estado”.

La enmienda regionalista incluye como disposición adicional en el articulado de la ley la obligación del Gobierno a reclamar “de inmediato” el pago y propone la firma de un convenio, con un plazo máximo de 5 años y un primer desembolso de 100 millones en 2013.

Además, establece que ese dinero se destine a programas de recuperación de la calidad y la universalidad en la educación, inversión pública, I+D+i, Universidad, políticas para evitar la exclusión social, colaboración con los ayuntamientos para avanzar en la modernización y eficiencia de la gestión y garantizar la viabilidad a largo plazo, un programa de asistencia a las entidades locales menores y un plan de ayuda a los afectados por los desahucios.

Junto a esta exigencia y para financiar sus propuestas, los regionalistas también apuestan por incrementar la capacidad de endeudamiento de la Sociedad Regional de Cultura y Gesvican, en 5 millones la primera y 30 la segunda, y reducen los gastos generales, suprimiendo aquellos que consideran “innecesarios”, entre ellos el sueldo de varios altos cargos “cuya remuneración se elimina porque en este momento no sirven prácticamente para nada, dado que no existe actividad en su ámbito”. Es el caso de directores generales como los de Función Pública, Protección Civil, Igualdad Mujer y Juventud o Trabajo.

Cambios en la política fiscal

Por otro lado, las enmiendas introducen importantes modificaciones en la política fiscal del Partido Popular, con propuestas como la eliminación de la subida del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; un incremento de tasas acorde a la inflación prevista; desgravaciones en el IRPF por familia numerosa y por cuidado de hijos menores o discapacitados; una modificación de los tipos del Impuesto de Sucesiones a partir de 350.000 euros, excluida la vivienda y la empresa familiar, “que nunca se pagará por patrimonios inferiores a un millón de euros por familia”; un incremento del Impuesto de Patrimonio a partir de 1.000.000 de euros de patrimonio individual; la eliminación del recargo autonómico sobre los carburantes, y avales a los ayuntamientos desde el Instituto Cántabro de Finanzas.

“Todas ellas son medidas encaminadas a potenciar la economía, fomentando el desarrollo de determinadas actividades y la recuperación de los ingresos”, ha precisado Rafael de la Sierra.

Enmiendas al articulado

Asimismo, ha detallado las enmiendas al articulado, un total de 21, encaminadas a completar el número de partidas ampliables para dar cobertura a determinadas ayudas sociales y ampliar el número de partidas de gasto que no pueden ampliarse, “referidas sobre todo a gastos de representación”.

Así, el PRC suprime la disposición adicional referida a la Oficina de Control de Gasto que crea una nueva estructura orgánica en la Administración Autonómica al servicio del presidente regional, incrementa en 35 millones las posibilidades de endeudamiento de la Sociedad Regional de Cultura y Gesvican para destinarlo a inversión productiva y recupera el Fondo de Cooperación Municipal suprimido por el Gobierno, así como el aval a la Universidad de Cantabria.

En cuanto al estado de gastos, plantea la recuperación de partidas para las entidades locales en prácticamente todas las consejerías y de los programas de colaboración con la Universidad de Cantabria.

En el ámbito de la Consejería de Presidencia, el PRC propone la colaboración con las mancomunidades en protección civil y extinción de incendios, la elaboración de un Plan de Empleo Juvenil y programas para impulsar el empleo de la mujer y la lucha contra la violencia de género.

En Desarrollo Rural, potencia el apoyo al sector primario, mejora la dotación para prevención y extinción de incendios forestales y recupera el seguro de accidentes de pescadores y mariscadores.

En Economía y Hacienda, potencia las políticas de empleo e instrumentos de apoyo a las pymes y aumenta en 600.000 euros la dotación de la Universidad de Cantabria; mientras que en Medio Ambiente vuelve a introducir la partida de ayuda a los ayuntamientos para limpieza de playas y propone programas de investigación y desarrollo sobre vertidos industriales, ayudas a la instalación de plantas de biomasa e incentivos a la compra de vehículos eléctricos.

Por lo que respecta a la industria, las enmiendas introducen ayudas a la financiación por medio del ICAF y Sogarca por valor de 1,4 millones, apoyo a pymes, proyectos de colaboración entre Sodercan y la UC por valor de 2 millones y un Plan Renove dotado con 1 millón de euros.

En Cultura y Deporte, las prioridades del PRC pasan por la potenciación de las bibliotecas municipales, mejorar la dotación del Palacio de Festivales y el Teatro Concha Espina e iniciar el proyecto de ampliación del Museo de Bellas Artes. Y en el ámbito comercial, destinan 250.000 euros a los proyectos Santander y Torrelavega Centro Abierto.

El impulso del turismo, con 5 millones de euros, es otro de los objetivos de estas enmiendas, que también propugnan la reapertura de los consultorios de Liencres y Cueto, la mejora del tratamiento informático para evitar anticipos indebidos en el pago de recetas, la habilitación del servicio de pediatría en el Hospital Sierrallana, la creación de una unidad de atención al daño neurológico y un programa de prevención del cáncer de próstata.

En materia de empleo, los objetivos pasan por reforzar la formación profesional para colectivos con especial dificultad de reinserción (800.000 euros), para jóvenes sin cualificación profesional (800.000), personas procedentes de sectores de ajuste (600.000) y personas discapacitadas (150.000).

Finalmente y en el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, incluyen más de 1 millón de euros para ayudas al alquiler de vivienda y recupera la financiación del servicio de asistencia domiciliaria, con casi 8,5 millones, además de reforzar la colaboración con las entidades locales.