La portavoz regionalista en el área de Política Social, Juncal Herreros, ha trasladado al equipo de gobierno del PP la “preocupación” de su grupo por los “efectos” que puede tener para el Ayuntamiento y, especialmente, para las muchas familias torrelaveguenses que se encuentran en una situación económica complicada y subsisten con la Renta Social Básica (426 euros), los “cambios” que el Gobierno de Cantabria ha anunciado sobre dicha Renta, tanto en lo que se refiere a la cuantía, los requisitos para acceder a la misma y la duración de la prestación.

En opinión de Herreros, las modificaciones planteados por el Gobierno de Diego son un “nuevo recorte en prestaciones sociales” que va a repercutir tanto en los servicios sociales municipales como en las organizaciones y asociaciones que trabajan en la ciudad (COORCOPAR, Caritas…) porque, según la concejal regionalista, al dejar de percibir esta renta éstas personas acudirán a los servicios municipales y a estas entidades en busca de “ayuda”.

Ante esta nueva “realidad”, Juncal Herreros ha preguntado al concejal del área, Higinio Priede, si se ha valorado qué incidencia puede tener en los servicios sociales municipales estos cambios; y si por parte del equipo del gobierno del PP se ha previsto habilitar una partida económica para hacer frente a esta nueva situación. Así mismo, ha instado a los populares que doten de presupuesto a los servicios sociales para que puedan atender a los ciudadanos que “ahora, ven recortados sus derechos por una decisión del PP”.

La concejal regionalista ha explicado que entre las modificaciones que se plantean se encuentra la limitación a 24 meses del periodo en que se puede acceder a la Renta Social Básica, antes era de carácter indefinido; desaparece el cobro con carácter retroactivo y las personas que solicitan la ayuda podrán estar hasta 6 meses sin recibir la prestación a la espera de que se resuelva su expediente;  o la exigencia de residencia legal lo que deja fuera a muchas personas que con la crisis han perdido dicha residencia.