El grupo municipal regionalista (PRC) en el Ayuntamiento de Santander ha diseñado una propuesta de plan de trabajo para el desarrollo de la comisión de investigación sobre el contrato de basuras, en la que se solicitará, entre otras, las comparecencias del ex alcalde Iñigo de la Serna y la de la actual regidora, Gema Igual. Dicho plan que deberá de ser debatido en la primera sesión constitutiva de la citada comisión que se celebrará el próximo martes junto a las otras propuestas que formulen sus miembros, es uno de los acuerdos adoptados en el pasado pleno de julio.

El portavoz del PRC, José María Fuentes-Pila, valoró este plan de trabajo como una “importante” ayuda para la planificación del funcionamiento de una comisión que tiene que realizar en un tiempo relativamente breve, seis meses, toda una serie de actuaciones indagatorias.

En este caso, explicó que su propuesta consta de cinco fases que incluiría una primera de solicitud y aportación de la documentación necesaria para la comisión de investigación en la que se engloba el análisis de la misma por parte de los integrantes de la comisión y que vendría aportada por el propio ayuntamiento y sus diferentes servicios, ASCAN, PreZero, Apia XXI y el consejo de Estado, entre otros.

A ésta le seguiría una segunda fase de comparecencias, donde entre otras, los regionalistas no solo debiera centrarse en el personal técnico oportuno sino también en “quienes ostentaron cargo público durante ese tiempo” como el ex alcalde de Santander, Iñigo De la Serna, los ex ediles del área María Tejerina y José Ignacio Quirós, la directora general de Medio Ambiente, Belén Domínguez, la alcaldesa, Gema Igual o los concejales Javier Ceruti y César Díaz así como también el empresario Santiago Díaz, como otra de las partes “afectadas”.

Fuentes-Pila detalló además que una vez habida cuenta de la documentación, informes y comparecencias, se iniciarían los trabajos de elaboración de la propuesta de dictamen, momento en que, de ser necesario, se solicitarían nuevos informes o aclaraciones hasta la fase cuarta, de debate y aprobación de la propuesta de dictamen.

Precisamente de esa cuarta fase, se elevaría la propuesta de dictamen al pleno para su debate y votación concluyendo en una última, la quinta, que conllevaría, a que, en el caso de derivarse la existencia de presuntos hechos delictivos del mismo, como indica el artículo 76 de la Constitución, “el pleno decidiría remitirlo o no al Ministerio Fiscal para interponer las correspondientes acciones penales”.