El PRC plantea el rÚgimen de alquiler y el alquiler con opciˇn a compra como ˙nicas modalidades en la promociˇn p˙blica de vivienda en Santander

  • Plantean que “una de cada tres viviendas” que promueva en la SVS, esté reservada a solicitantes que sean menores de 35 años y que se pueda extender hasta los 40 años si tienen algún menor a cargo

17 Noviembre 2022
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El grupo municipal regionalista ha presentado esta mañana en rueda de prensa sus propuestas al borrador del Plan de Vivienda municipal 2022-20025 que se está tramitando.

Unas propuestas que van encaminadas a acelerar la accesibilidad en los edificios que no cuentan con ascensor en nuestra ciudad y a convertir la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS) en una herramienta fundamental dentro del Plan de vivienda, impulsando un parque público que atienda la demanda de vivienda joven asequible y movilizando la vivienda privada con el objetivo de frenar la caída de la población y la oportunidad de quedarse en Santander a quien lo desee.

Así lo han presentado esta mañana en rueda de prensa, el portavoz del PRC, José María Fuentes-Pila junto al concejal, Jesus Goñi.

 

Precisamente, Goñi fue quien dio a conocer las propuestas para que en el futuro plan se contemple preferentemente el régimen de alquiler y la modalidad de alquiler con opción a compra como únicas alternativas de promoción de la SVS, ya que el borrador del Plan contempla en primer lugar el régimen de venta.

 

“Estamos convencidos de que puede ser una buena medida para que las personas que no tienen fácil el acceso al crédito, que son muchas, puedan de este modo tener una oportunidad de desarrollo vital en Santander y fijar población. Especialmente, esta situación la sufren nuestros jóvenes. Santander ha perdido más de 20 mil habitantes en las últimas décadas”, apuntó el regionalista.

 

En la actualidad, la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander ha promovido un total de 1.138 viviendas protegidas destinándose más del 70% de las mismas en régimen de venta, un 25% al alquiler con opción de compra y sólo un 3%, un total de 30 viviendas al alquiler.

Junto a ello ha dado a conocer otras medidas como que “una de cada tres viviendas” que promueva en adelante la SVS, esté reservada a solicitantes que sean menores de 35 años y que se pueda extender hasta los 40 años si tienen algún menor a cargo. “En el parque público de viviendas de alquiler se establecería un precio medio en función de los ingresos y, una vez cumplida la edad, la vivienda volverá a tener el mismo fin. Se trata de que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de establecer su vida en su ciudad y no se vean forzados a marchar fuera”.

Por su parte el portavoz del PRC, José María Fuentes Pila, presentó la iniciativa de que se desarrolle un censo de solares urbanos vacíos tanto del centro como del extrarradio para la adquisición de vivienda protegida joven y/o en régimen de alquiler o en su caso, el desarrollo de nuevos espacios de uso ciudadano donde desarrollar actividades deportivas, sociales, infantiles, culturales o artísticas.

“El centro urbano de Santander se ha convertido en un cementerio urbanístico, lleno de agujeros. Son cicatrices que se manifiestan de diferentes maneras: solares vacíos, edificios a medio construir, otros terminados sin uso (públicos y privados), geografías urbanas indeterminadas. Parcelas que están sin construir o directamente abandonadas, valladas en algunos casos, otros llenas de hierbas, con presencia de plagas …que no solamente dan mala imagen, sino que supone un problema de salubridad y, por ello, urge una rápida intervención”, indicó Fuentes-Pila.

 

Otra cuestión que les preocupa a los regionalistas es la accesibilidad en los edificios ya que Santander cuenta con una población envejecida y en aumento y el parque de vivienda es antiguo, con importantes necesidades de rehabilitación e instalación de ascensores.

Según argumentó, de las más de 93.000 viviendas que hay en la ciudad se contabilizan en torno a 24.000 sin ascensor, más del 25%. Por ello creen imprescindible trabajar en dicho plan va en este sentido de que se modifique la ordenanza de ayudas para la instalación de ascensores eliminando la cantidad máxima de subvención fijada por planta y estableciendo como única limitación el 20% de la cuantía de la obra.

“La limitación existente discrimina a comunidades de vecinos que, por ejemplo, tienen dos viviendas por planta o el edificio cuenta con tres o cuatro alturas. En muchos casos hace de estos edificios “puntos negros” teniendo que realizar en muchas ocasiones un desembolso grandísimo respecto de comunidades más numerosas y en buena parte de los casos, descartando la instalación”.

Además, dichos importes que limitan por planta se encuentran establecidos desde el año 2017, encareciéndose desde entonces la instalación de un ascensor en un 40% aproximadamente y resultando por lo tanto insuficientes.

 

Para Fuentes-Pila, las subvenciones deben articularse de modo en el que se pueda adelantar la cuantía para que no se tenga que recurrir, como sucede en muchas ocasiones, al endeudamiento por parte de los propietarios así como acelerar e impulsar la accesibilidad en dichos edificios.  

“Proponemos aumentar la cuantía en los presupuestos de los 800.000 euros a los 2 millones de euros para aumentar el número de beneficiarios y satisfacer los nuevos importes subvencionados tras la eliminación de los topes en la ordenanza”, finalizó.