El PRC pide la suspensión de la reforma local hasta que el Constitucional resuelva los recursos en su contra y reivindica “claridad y apoyo” para los ayuntamientos

Rafael de la Sierra exige en una moción que el Gobierno garantice la prestación y la calidad de los servicios públicos

Noticias PRC 7 Junio 2014

El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Rafael de la Sierra, defenderá en el Pleno del próximo martes una moción para instar al Gobierno de España a promover las acciones necesarias para suspender la aplicación de la nueva ley de régimen local hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los recursos presentados en su contra.

De la Sierra urgirá además al Ejecutivo cántabro a tomar todas las medidas necesarias, incluida la aprobación de normas y presentación de proyectos de ley en el Parlamento, para garantizar la prestación a los ciudadanos de los mismos servicios y de la misma calidad que los que recibían con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley.

La iniciativa reclama también la publicación de los informes que sean necesarios para que los ayuntamientos “sepan con seguridad y claridad” cuáles son sus competencias actuales, cuál es la forma en que pueden o deben prestar los servicios, cuál es la financiación con la que cuentan, cómo se van a regularizar los convenios sobre competencias delegadas y cómo se va a coordinar su ejercicio.

Del mismo modo, De la Sierra reivindica un sistema para la resolución “rápida y eficaz” de las dudas de los ayuntamientos, los ciudadanos y las organizaciones sociales sobre la aplicación de la nueva ley y reclama que sean garantizados los medios y la financiación suficientes para que los municipios, especialmente los menores de 5.000 habitantes, puedan ejercer adecuadamente tanto las competencias que les son propias como las delegadas.

Esta iniciativa está encaminada a poner fin a “la desidia y la irresponsabilidad” que hasta ahora ha demostrado el Gobierno de Cantabria ante la aplicación de la nueva ley y que ha provocado problemas como los surgidos en torno a la renovación de la Renta Social Básica, que puede dejar a los beneficiarios sin cobrar un mes, o el cierre del Centro de la Mujer de Torrelavega.

El portavoz del PRC espera que la moción sirva para que el Ejecutivo “reaccione de una vez”, porque de no hacerlo “muy pronto surgirán nuevos problemas en la prestación de servicios básicos para el ciudadano”, que podrían abocar incluso a la desaparición de algunos de ellos.

Y es que a su juicio, Cantabria es en este momento la Comunidad Autónoma “peor tratada en España”, ya que es la única que aún no ha dictado disposición alguna para evitar que se interrumpa la prestación de los servicios públicos que hasta ahora correspondían a los ayuntamientos y que, en virtud de la nueva ley, pasan a depender de la Administración autonómica.

“En lugar de cumplir su papel básico y liderar la puesta en marcha de la nueva ley, el Gobierno se está ocultando, como si quisiera pasar de ello, con lo que está creando problemas, incertidumbres y dudas muy importantes”, ha lamentado.

Asimismo, ha denunciado que los ayuntamientos “vuelven a estar abandonados a su suerte por la falta absoluta de actuación” del Ejecutivo, cuya “falta de previsión, incapacidad e incompetencia ya ha puesto en peligro la percepción de la Renta Social Básica por más de 1.000 familias”.

Del mismo modo, ha reiterado que el cierre del Centro de la Mujer de Torrelavega también es consecuencia de la falta de desarrollo de la reforma local y ha advertido que, de mantenerse el “vacío” actual, pueden verse afectados otros servicios en materia de educación, cultura, promoción de la mujer, defensa de usuarios y consumidores, vivienda, sanidad, atención primaria de la salud, de servicios sociales y protección del medio ambiente.

“Los ayuntamientos estaban llevando a cabo servicios fundamentales para los ciudadanos que dejan de ser competencia municipal y que debe asumir la Comunidad Autónoma o delegar en los municipios con la correspondiente financiación, pero a día de hoy no se sabe quién va a asumirlos en el futuro y probablemente muchos de ellos dejen de prestarse”, ha advertido.

De la Sierra ha recalcado por todo ello la “gravísima incertidumbre” que suscita el Gobierno al permanecer “inactivo y callado” ante la necesidad de desarrollo de la ley de régimen local.