El PRC pide la dimisión de Diego como “máximo responsable” de “la estafa” de 21,2 millones de euros de Ecomasa y que la Fiscalía investigue el destino de los fondos públicos y de los trabajadores

Los regionalistas consideran “probado” que el Gobierno del Partido Popular “urdió” con los promotores privados “el entramado financiero” del Grupo para “beneficiarles”

Noticias PRC 7 Mayo 2018
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    De izquierda a derecha, Pedro Hernando, Francisco Ortiz y Rosa Valdés.

El Grupo Parlamentario Regionalista ha pedido hoy la dimisión de sus cargos públicos al expresidente, Ignacio Diego, como “máximo responsable” de “la estafa” de 21,2 millones de euros que supuso Ecomasa, de los cuales 18 fueron aportaciones de dinero público y 3,2 se derivaron de las indemnizaciones de los 88 trabajadores que pasaron de la empresa Teka a la nueva empresa. 

Una petición de dimisión que hace extensiva a los demás miembros que formaron parte de la toma de decisiones desde el Consejo de Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma y que tuvieron vinculación directa con el proyecto y que, a fecha de hoy, ostenten cargos públicos, como la ex consejera de Economía, Cristina Mazas.

Además, los regionalistas consideran que la Fiscalía debe investigar el destino de las cantidades aportadas tanto por el Gobierno de Cantabria como las derivadas de las indemnizaciones de los trabajadores,  con el objeto de que sean devueltas, y para que, si se apreciase la comisión de algún delito, se depuren las responsabilidades penales oportunas.

Así lo ha dado a conocer hoy el portavoz regionalista en la Comisión de Investigación de Ecomasa, Francisco Ortiz, durante su comparecencia ante los medios de comunicación, acompañado del portavoz parlamentario, Pedro Hernando, y la diputada regionalista Rosa Valdés integrante de dicha comisión, para dar a conocer las conclusiones a las que ha llegado el Grupo Regionalista después de analizar la documentación remitida y escuchados los 43 comparecientes.

Los regionalistas consideran “probado” que el Gobierno del Partido Popular “urdió” con los promotores privados “el entramado financiero” del Grupo para “captar los fondos públicos y beneficiar” a De León y Lavín, que fueron descritos por Diego como empresarios “de éxito” y “con garantías”.

En este sentido, Ortiz ha sostenido que existió “una vinculación directa” entre el Ejecutivo de Diego y De León y Lavín a través del exgerente del Icaf, Jorge Gómez de Cos, “tal como acreditan los correos que se intercambiaron”, y de la relación entre De León y Diego  que “determinaron el impulso del proyecto y su financiación por parte del Gobierno del PP, a pesar de que se trataba de una iniciativa que “carecía de plan de negocio, ni estudio de mercado, ni petición formal de aval ni de crédito, ni soporte documental” y que su gestión “estuvo caracterizada por la improvisación, falta de clientes y mala administración”.

De hecho, el portavoz regionalista ha apuntado que, para los regionalistas, la gestión fue “fraudulenta”  y que “conllevó una clara malversación de fondos públicos”, ya que, según ha explicado, “dinero que debió ir a la empresa de Maliaño se destinó a otras empresas del Grupo”. “Se hizo una reestructuración financiera para desviar el dinero público destinado a la empresa de Maliaño a otras del Grupo, dejando en un segundo plano la idea principal del proyecto, que consistía en crear una planta productiva en Santander que generara empleo local e impulsara la actividad económica de la región”, ha sostenido.

Inviabilidad de la empresa

Francisco Ortiz ha subrayado que “la inviabilidad” de la empresa se produjo a mediados de 2014. “Los promotores y el Gobierno del Partido Popular son conscientes de que la empresa se encuentra en quiebra en junio de 2014 y que debían solicitar el concurso de acreedores en dos meses”, ha remachado.

Y ha destacado que lo que hace el Ejecutivo de Diego “desde junio del 2014 hasta las elecciones de mayo de 2015” es “mantener la empresa con exclusivos fines electoralistas, lo que perjudicó más si cabe a los trabajadores”, que, según ha incidido, fueron “engañados, intimidados y coaccionados” para que, “en 36 horas” decidieran si pasaban de Teka a Ecomasa.

“Por tanto, nos encontramos ante una estafa de 21,2 millones de euros perpetrada por los Sres. De León y Lavín con la connivencia del Gobierno del Partido Popular dada la vinculación directa con el exgerente del Icaf, Sr. Jorge Gómez de Cos. A la que hay que sumar la coacción y el engaño hecho a los trabajadores para que sus indemnizaciones pasaran a Ecomasa sin que ellos lo supieran”, ha concluido.