La diputada del PRC Matilde Ruiz ha presentado una batería de preguntas para que el Gobierno de Cantabria dé explicaciones en el Parlamento por el pago de casi 85.000 euros realizado a una empresa privada, por prestar un servicio de asesoramiento, promoción laboral y formación de jóvenes emprendedores, que cubrían los 34 orientadores laborales despedidos en el Servicio Público de Empleo.

Ruiz también pide explicaciones por otro pago, de casi 16.500 euros, a la empresa Idea Gestión Consultores para redactar una Ley de Juventud que la Consejería de Presidencia no prevé tramitar en la presente legislatura, tal como anunció el pasado 5 de mayo en la Cámara la titular de ese departamento, Leticia Díaz.

A su juicio, el Gobierno ha incurrido en “un escandaloso despilfarro de dinero público”, en un caso después de despedir “sin ningún escrúpulo” a 34 trabajadores y, en el otro, para “cubrir su propia incapacidad, ya que la redacción de leyes es una responsabilidad que debería asumir con sus propios medios y no delegarla a asesorías externas, máxime cuando la ley que se elabora no se va a tramitar”.

“Nos parece absolutamente vergonzoso que el Gobierno despilfarre el dinero de esta manera tan escandalosa mientras Cantabria es la segunda Comunidad Autónoma con más jóvenes menores de 30 años inactivos, donde 7 de cada 10 no percibe salario alguno, y la tasa de emancipación se sitúa entre las menores de España”, ha criticado.

Asimismo, ha destacado que los jóvenes cántabros “sólo acceden a trabajos temporales y precarios”, ya que apenas un 6 por ciento de los contratos que suscriben tiene carácter indefinido, por lo que “el exilio forzoso es su única salida laboral en este momento”.

“El Gobierno de Ignacio Diego ha dado la espalda a la juventud de Cantabria”, ha enfatizado la diputada regionalista, quien considera por ello “indecente e inmoral” el desvío de dinero público a empresas privadas para prestar servicios que son responsabilidad de la Administración.

Matilde Ruiz ha lamentado el “incumplimiento sistemático” de todos los compromisos del Ejecutivo del PP con los jóvenes, reflejado en la Carta de Servicios que publicó recientemente la Dirección General de Igualdad, en la que no sólo quedan plasmados los recortes que ha llevado a cabo, sino también “sus mentiras”, al incluir servicios inexistentes, como la comisión de participación juvenil que iba a sustituir al Consejo de la Juventud y que “nunca se ha creado”.

Por todo ello, la diputada pretende que la consejera de Presidencia “diga la verdad de una vez” acerca de sus “inexistentes” políticas de juventud y los incumplimientos de promesas como la elaboración de la Ley de Juventud y el Plan de Empleo Juvenil.