“Cantabria ha desaparecido del panorama turístico”. Así lo ha denunciado esta tarde, en el Pleno del Parlamento, la diputada del PRC Eva Bartolomé, quien ha presentado una moción para instar al Gobierno a poner a disposición del sector los medios materiales, humanos y patrimoniales necesarios para mejorar sus resultados, tras el fracaso de la Semana Santa y el puente de mayo, pero no ha logrado su propósito, al votar en contra la mayoría absoluta del Grupo Parlamentario Popular.

Bartolomé ha criticado la falta de compromiso del Ejecutivo del PP en materia turística y ha asegurado que sus políticas van “en dirección contraria” a las necesidades del sector, que sufre como consecuencia “daños irreparables, provocados por la inacción y la desidia”.

Como ejemplo, ha destacado la pérdida de oportunidades que ha supuesto el abandono de los programas promocionales que hasta ahora llevaba a cabo la Administración autonómica y que ha provocado los “resultados catastróficos” registrados tanto en Semana Santa como en el puente del 1 de mayo.

“No spots, ni cuñas, ni faldones, ni banners en las webs fundamentales; se ha perdido sin remedio la primera oleada previa a la temporada estival y eso es un retraso injustificable y letal para los resultados de la campaña de primavera”, ha explicado.

La parlamentaria regionalista también ha acusado al Gobierno de “despreciar los recursos culturales de la región”, por mantener cerradas en el último puente atracciones como las cuevas patrimonio de la humanidad, el palacio de Sobrellano o el museo de las estelas.

“Altamira ha estado abierta, porque depende del Ministerio, pero Cantabria ha sido inhóspita para los visitantes”, ha recalcado.

Reforma judicial

Por otra parte, el Grupo Parlamentario Regionalista se ha posicionado en contra de la reducción de sedes judiciales que está llevando a cabo el Partido Popular y que, en palabras de la diputada Alodia Blanco, supone una reforma “descabellada, regresiva y reaccionaria”, perjudicial tanto para los ciudadanos como para los trabajadores de la Administración judicial.

Como ejemplo de las consecuencias de esta reforma, Blanco ha indicado que a partir de ahora un ciudadano de Valderredible tendrá que desplazarse hasta Torrelavega para recibir justicia, lo cual abre “un camino peligroso” en el que se pretende reducir la litigiosidad “sin aportar nuevos recursos, como sería deseable, sino disuadiendo a la ciudadanía para que no acuda a los tribunales”.

Asimismo, ha señalado que esta reforma supone “desperdiciar las infraestructuras existentes y todas las inversiones realizadas en ellas durante los últimos años”, al relegar las sedes judiciales a “meras oficinas en las que presentar escritos o desde las que realizar videoconferencias”.

Consejero “bluff”

El Grupo Regionalista también ha presentado una interpelación para conocer las razones por las que el Gobierno no ha aprobado aún el Plan Especial de la Bahía de Santander, un planeamiento urbanístico que el anterior Ejecutivo dejó prácticamente ultimado.

Ante la ausencia de una explicación razonable, el diputado y ex consejero José María Mazón ha criticado que el balance de las políticas urbanísticas en el primer año de gestión del PP es “0”  y todo lo que el actual consejero tiene en este momento sobre la mesa, “lo que ya estaba preparado en la legislatura anterior”.

“Lleva un año y no ha hecho usted absolutamente nada”, ha reprochado Mazón a su sucesor, Javier Fernández, a quien ha calificado como “un auténtico bluff” y “un fichaje de segunda división”, porque hasta el momento “no ha hecho más que hablar”.