La diputada del PRC Alodia Blanco defenderá mañana en el Pleno del Parlamento una moción en contra del proyecto de ley de Asistencia Jurídica Gratuita, actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados, para evitar el “desmantelamiento” de este servicio y su conversión en “un privilegio al alcance de quien pueda costeárselo”.

Así lo ha dado a conocer la parlamentaria, quien ha asegurado que esta reforma legal es “una muestra de la oleada centralizadora y restrictiva de derechos” impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy “sin otro fundamento que el ahorro”, que “obstaculiza cuando no impide directamente el acceso de los ciudadanos a los tribunales en condiciones de igualdad”.

“Este proyecto de ley da la puntilla a la configuración actual de la justicia como un servicio público esencial, con acceso garantizado tanto por la Constitución Española como por los convenios y tratados internacionales firmados por España, incluido el convenio de Derechos Humanos”, ha agregado.

Para la diputada regionalista, la reforma “traspasa las líneas rojas del derecho a la defensa” e invade competencias de la Comunidad Autónoma, por lo que ha denunciado el “silencio cómplice” del Gobierno de Cantabria frente a “los graves perjuicios” que conlleva para los ciudadanos.

Según ha explicado, la nueva ley expulsa del sistema a los inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular y a todas aquellas personas que no perciben ningún tipo de ingreso si han renunciado a renovar la tarjeta de empleo o no pueden acreditar la insuficiencia de recursos.

Asimismo, limita el derecho de los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social, a los que no reconoce el derecho automático a litigar gratuitamente en los recursos de suplicación y tasación, por lo que quedarán sometidos al régimen común y deberán abonar el 40 por ciento de las tasas judiciales.

Además de criticar la “penalización” que sufren los hogares con un solo miembro, al recortar el umbral de ingresos de 14.900 a 12.700 euros, Blanco ha denunciado que, “a la vez que recorta el acceso a las personas más vulnerables, el proyecto de ley pretende cubrir con fondos públicos la defensa de un gran número de colectivos, personas jurídicas y fundaciones, eliminando el requisito de que acrediten que no tienen recursos para litigar”.

También ha hecho hincapié en la reducción de la calidad del servicio, al permitir la asistencia jurídica a través de graduados sociales; el incremento del copago de los ciudadanos, que tendrán que sufragar el 100 por 100 de los aranceles del Registro de la Propiedad y de los Registros Mercantiles, y la eliminación del requisito de que el abogado que presta el servicio tenga despacho abierto al público en el territorio del Colegio, lo cual puede provocar que ciudadanos cántabros tengan que acudir a Madrid para realizar una consulta.

“Esta ley no resuelve los problemas de la actual regulación, no respeta la profesión de los abogados y los procuradores y, sobre todo, no garantiza una financiación pública suficiente para mantener el servicio, al vincularlo con la recaudación de tasas y no con la asignación de fondos públicos”, ha concluido la diputada del PRC.