El vicesecretario general y portavoz parlamentario del PRC, Rafael de la Sierra, ha instado al presidente regional a “rectificar y desistir” de su intención de nombrar a 8 nuevos asesores a través de la Oficina de Supervisión Integral del Gasto y proceder a la supresión de este órgano, “totalmente innecesario” porque ejerce funciones que ya desempeñan “a la perfección” la Intervención, la Dirección Jurídica y la Dirección General de Presupuestos del propio Gobierno de Cantabria.

De la Sierra ha realizado este llamamiento tras el debate que mantuvo el pasado lunes en el Pleno del Parlamento con la consejera de Presidencia, Leticia Díaz, a propósito de esta oficina, en el que “quedaron probadas graves deficiencias de funcionamiento, que podrían provocar incluso la nulidad de toda la actividad desarrollada desde su puesta en marcha en abril de 2013”.

De hecho, el portavoz regionalista ha cuestionado la legalidad de todas esas actuaciones, derivada del incumplimiento de los requisitos legales de funcionamiento aprobados por el Ejecutivo en el decreto en el que estableció su creación, entre los que figuraba una orden conjunta de las consejerías de Presidencia y Economía previa a su puesta en marcha, que nunca se ha producido.

Según ha explicado, la omisión de este trámite “fundamental” puede derivar en la nulidad de los 331 informes que la oficina ha emitido en los últimos 9 meses y que han determinado la conformidad o disconformidad con los principales expedientes de gasto tramitados en este tiempo por la Administración Autonómica. Al contar con informe negativo, 18 de esos expedientes no han podido llevarse a cabo, por lo que el PRC solicitará una copia para saber qué actuaciones han quedado paralizadas.

Pero además, la consejera de Presidencia reconoció en el Parlamento que ninguno de esos informes cuenta con la firma del responsable de la oficina, ni con motivación, en contra de lo establecido por la Ley de Régimen Jurídico.

De la Sierra también ha considerado “muy irregular” que la Oficina de Control del Gasto funcione sin director nombrado, bajo la responsabilidad del director general de Organización y Tecnología. “Resulta paradójico que un director dependiente de la consejera de Presidencia dirija a cargos directivos dependientes del presidente y que condicionan el gasto de la propia Consejería”, ha precisado.

Del mismo modo, rechaza la “oportunidad” de mantener la oficina en activo una vez modificada su naturaleza inicial como órgano gestor encargado de aprobar la mayoría de los gastos de la Administración para convertirla en “un mero órgano asesor”, que únicamente informará sobre expedientes de gasto, sin que sus dictámenes sean vinculantes.

En este sentido, ha agregado que el proyecto de decreto presentado ya por el Gobierno a la Mesa de la Función Pública contempla la contratación de 8 cargos directivos, con un coste total de 422.265,22 euros, “una cantidad desmedida en un momento de tantas dificultades económicas como el actual, cuando lo que hay que hacer es ahorrar en banalidades y servicios superfluos”.

Por todo ello, ha apelado a la “sensatez” del presidente para que renuncie a “la parafernalia de un nuevo equipo de asesores que no harán otra cosa que sustituir a los consejeros que él mismo ha nombrado”. “Si no está contento con la eficacia de sus consejeros, lo que tiene que hacer es destituirlos y sustituirlos por otros, nunca duplicar los cargos”, ha concluido.