La diputada y portavoz del PRC en materia sanitaria, Concepción Solanas, pedirá la comparecencia de la consejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, en el Parlamento para que “clarifique” el futuro de los trabajadores afectados por la privatización de servicios del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla aprobada por el Gobierno Regional a cambio de la conclusión de las obras de reconstrucción.

Solanas ha anunciado esta petición después de conocer que el director gerente del Servicio Cántabro de Salud, César Pascual, ha remitido una circular a la Junta de Personal para anunciar que propondrá a los trabajadores de los servicios adjudicados a Ferrovial-SIEC que elijan entre permanecer en servicio activo en el hospital o incorporarse a la nueva sociedad gestora.

La comunicación que recibirán dichos trabajadores, a la que ha tenido acceso el PRC, establece un plazo de 10 días hábiles para realizar la elección, pero no especifica las condiciones laborales que ofrece la nueva sociedad.

Además de cuestionar que Pascual proponga un cambio de esta naturaleza “sin siquiera referencia a las condiciones laborales que regirán en los servicios privatizados”, la parlamentaria regionalista se ha preguntado si el objetivo del Servicio Cántabro de Salud es “conceder un cheque en blanco a la empresa para hacer con la plantilla lo que quiera”.

Solanas espera que la consejera ofrezca “explicaciones inmediatas” para aclarar esta situación y anuncia que el PRC adoptará todas las medidas en su mano para que la privatización del hospital aprobada por el Gobierno del PP “no ponga en peligro los puestos de trabajo existentes en la actualidad, ni sus características esenciales”.

De hecho, el Grupo Regionalista ya presentó con este fin una moción el pasado mes de mayo, en la que también exigía al Ejecutivo cántabro que reclame en Madrid el pago de la financiación comprometida para poder finalizar las obras sin recurrir a la externalización de los servicios. “El PP se ha negado a reivindicar al Estado lo que nos debe y ha decidido que sean los cántabros quienes paguen la conclusión de Valdecilla multiplicada por cuatro, con un desembolso cercano a los 800 millones de euros durante los próximos 20 años, por lo que al menos esperamos que no prive a los trabajadores afectados de los derechos laborales adquiridos y vele por el mantenimiento de la plantilla tal como está conformada en la actualidad”, ha concluido.