El Grupo Parlamentario Regionalista instará al Gobierno de Cantabria a pronunciarse, en el Pleno convocado para el próximo martes, sobre las alegaciones que la Asamblea de la Federación de Municipios aprobó el viernes por unanimidad contra la reforma local.

Mediante una interpelación que planteará su portavoz, Rafael de la Sierra, el PRC no sólo pedirá al Ejecutivo que se manifieste, sino también que secunde la postura de los alcaldes cántabros, ya que recoge el sentir del “100 por 100 de los ayuntamientos de la región y de la inmensa mayoría de los de España”.

Así lo ha adelantado hoy el propio De la Sierra, quien ha asegurado que hasta ahora el Gobierno regional “ha pasado olímpicamente de la opinión de los alcaldes”, en contra de lo ocurrido por ejemplo en Galicia, donde son los regidores del PP quienes lideran el rechazo a la reforma local. También se ha referido al rechazo manifestado por los gobiernos autonómicos del País Vasco y Castilla y León y alcaldes y asociaciones de Asturias.

Frente a ese “pasotismo”, el PRC exige “firmeza y compromiso” para que “impere el sentido común” y la nueva ley de Administración Local no derive en “la demolición” del 97 por ciento de los municipios cántabros.

Rafael de la Sierra considera que los alcaldes “han puesto el dedo en la llaga” con sus alegaciones a un texto “enormemente agresivo”, que no recoge las competencias de los ayuntamientos, sino que las deja en manos de una ley posterior, y que sitúa a la Diputación Provincial, “que en Cantabria no existe”, como coordinadora de su prestación, lo cual es “un grave error, que originará problemas y costes añadidos”.

En estas condiciones, los municipios menores de 5.000 habitantes únicamente tendrán garantizadas las competencias sobre el alumbrado público, el alcantarillado y los cementerios, a los que se sumarán los parques públicos, la biblioteca y el mercado para los ayuntamientos menores de 20.000.

“Estas limitaciones suponen en la práctica y a corto plazo la desaparición de los municipios pequeños”, ha recalcado el portavoz del PRC.

Al igual que la Federación de Municipios, Rafael de la Sierra ha rechazado que la nueva ley impida garantizar competencias municipales en materias como los servicios sociales, la cultura y los equipamientos culturales y deportivos y completar los servicios prestados por otras administraciones.

A su juicio, tal impedimento convierte a los ayuntamientos en “elementos decorativos” y les “hurta la capacidad para responder a las necesidades concretas de los vecinos”. “¿Por qué no va a poder un municipio, si tiene recursos para hacerlo, mejorar su política cultural, el alumbrado o el alcantarillado?”, se ha preguntado.

Del mismo modo, también está en contra de la posibilidad de intervención y el mantenimiento del coste efectivo de los servicios como criterio para determinar si los ayuntamientos pueden o no ejercer sus competencias, sin atender el coste real, determinado por parámetros como la orografía y la dispersión poblacional, dos criterios decisivos en Cantabria.

Las limitaciones para la dedicación de los cargos públicos municipales es otro de los ejes del rechazo de la Federación de Municipios a la reforma suscrito por el Grupo Regionalista, ya que impedirá que la práctica totalidad de los ayuntamientos cántabros puedan designar personal eventual para afrontar su funcionamiento y asegurar una adecuada prestación de los servicios bajo su responsabilidad.