El Grupo Parlamentario Regionalista ha presentado una proposición no de ley para instar al Gobierno de Cantabria a intervenir contra la libertad de horarios comerciales decretada en Santander entre el 15 de junio y el 15 de septiembre y propiciar el consenso en el sector mediante la convocatoria de una Mesa por el Comercio, “con la participación de todos los agentes implicados para llegar a un acuerdo que haga compatible los intereses de los distintos sectores y evite perjuicios irremediables en los pequeños negocios de la capital y su zona de influencia”.

La diputada Eva Bartolomé será la encargada de defender esta iniciativa en el nuevo periodo de sesiones que arranca para el 17 de septiembre, con la que también pedirá al Ejecutivo que estudie la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto del Estado que declara a Santander como Zona de Gran Afluencia Turística y ampara la libertad horaria que ha suscitado la división en el sector comercial cántabro.

Con esta propuesta, el PRC pretende atajar la “alarma” que la liberalización auspiciada por los gobiernos estatal, regional y local del PP ha suscitado entre los pequeños comercios, “que ven peligrar seriamente sus negocios ante las dificultades de competir en igualdad de condiciones con los grandes establecimientos y la escasa rentabilidad de las aperturas dominicales”.

“Los gobiernos del PP se están destacando por imponer decisiones en contra de sectores clave de nuestra sociedad, como es en este caso el sector comercial”, ha lamentado Bartolomé.

Además y a su juicio, el Real Decreto del Estado que ha dado origen a esta situación puede suponer “una injerencia en las competencias autonómicas”, por lo que espera que el Gobierno de Cantabria “valore seriamente la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, igual que han hecho otras comunidades autónomas como Andalucía o Asturias”.

No obstante y como gran prioridad, la parlamentaria del PRC aboga por la constitución de una Mesa de Diálogo, porque “una decisión de este calado precisa del consenso de todos los agentes implicados”.

“Los regionalistas creemos imprescindible una reunión con todos los afectados para valorar el impacto de la medida, valorar los pros y los contras y acercar posturas en aras a un acuerdo que haga compatibles los intereses de todos los sectores y evite daños al pequeño comercio, una actividad vital para la economía y el empleo de Santander y el conjunto de Cantabria, que aún sufre de lleno el impacto de la crisis económica, a pesar de pequeñas mejorías puntuales como la registrada el pasado de julio”, ha concluido.