El diputado del PRC Javier López Marcano defenderá el próximo lunes, en el Pleno del Parlamento, una proposición no de ley encaminada a que el Gobierno de Cantabria “explicite” su apoyo, se abstenga de “realizar manifestaciones que supongan una minusvaloración” de la cultura autóctona de Cantabria y considere “perfectamente compatible” su apoyo a la internacionalización cultural con la defensa de los valores propios de la región.

López Marcano ha presentado hoy en rueda de prensa esta iniciativa, que surge como consecuencia de las declaraciones realizadas por el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Miguel Ángel Serna, durante la comparecencia parlamentaria en la que presentó sus prioridades de legislatura y en la que destacó, como uno de sus principios estratégicos, la “internacionalización” “tras años de acento de lo autóctono”.

Frente a esta posición de Serna, el diputado regionalista subraya que la obligación del máximo responsable del Gobierno en materia cultural es “defender y garantizar la complementariedad de la cultura tradicional, en el más amplio sentido, con la internacionalización de la vida cultural de Cantabria”.

Asimismo, recuerda que el consejero debe respetar en su actuación la Ley de Patrimonio Cultural, aprobada en 1998 y que tiene como finalidad la protección, conservación y rehabilitación, fomento, conocimiento y difusión, investigación y transmisión a generaciones futuras del patrimonio cultural cántabro, integrado por “todos los bienes relacionados con la cultura y la historia” de la región.

Dicha ley establece, entre los deberes de la Administración Autonómica hacia dichos bienes, la integración de su conocimiento y valoración en los programas educativos de la Comunidad Autónoma, “propiciando la formación profesional en oficios tradicionales y la dotación de especialistas en su conservación, restauración y rehabilitación”, y el fomento del respeto y aprecio por los valores históricos, “promoviendo su disfrute como bien social y compatibilizándolo en el mayor grado posible con su preservación”.

La Ley de Patrimonio determina también que el Gobierno debe asegurar la conservación de los bienes culturales cántabros y garantizar su protección,

“evitando que se produzcan daños intencionados y sancionando a cuantos los deterioren o pongan en peligro de desaparición”.