Desde el PRC de Colindres recordamos que la Magnolia Singular, patrimonio del Ayuntamiento de Colindres, fue mutilada por una empresa constructora el 1 de Marzo de 2010. En el Pleno del Ayuntamiento celebrado en Septiembre de 2010, el PRC exigió que se realizaran informes sobre el estado del árbol y que se intentara recuperarlo.

Con fecha de Noviembre de 2010 se nos presentaba a nuestro grupo municipal, una tasación que valoraba la suplantación de la Magnolia en 15.841,36 Euros. Disconformes con el informe presentado, el PRC de Colindres encargó un Tasación Pericial a un Ingeniero. Recibido el informe, se indicaban graves errores en la aplicación de la Tasación presentada por el Ayuntamiento, en la que se realizaba una inadecuada utilización de la Norma Granada, método de valorización que se utiliza en estos casos. La valoración del informe del PRC, de fecha 7 de diciembre de 2011, ascendía a 244.556,06 Euros.

Contemplando la inacción del Equipo de Gobierno sobre lo acontecido hacia el árbol singular, decidimos reunirnos con la Secretaria del Ayuntamiento, la cual obró con una rápida diligencia solicitando al Ingeniero contratado por el Ayuntamiento que revisara y realizara un segundo informe. En esta segunda revisión, presentada en marzo de 2011, se tasa el árbol cuatro veces más que la primera, ascendiendo a 58.717,69 Euros, una cantidad más próxima a la presentada por el PRC y más acorde a la realidad de una auténtica valoración económica sobre un árbol singular patrimonio de todos los Colindreses. Aún así, los regionalistas presentaron, el 4 de abril de 2011, una Adenda al primer Informe presentado, esgrimiendo las causas por las que sigue sin estar conforme con esta última valoración, dado que no hace justicia a la infracción perpetrada.

Por último, instamos al equipo de gobierno a la resolución del expediente en el plazo más breve posible, además de lamentar la“inacción” e “irresponsabilidad” por intentar salvar el árbol, exigiendo responsabilidades tanto por acción como por omisión, indicando que pudiera existir un posible delito de “prevaricación por omisión”, en el caso que no se resuelva el mismo en un plazo razonable.