El Grupo Parlamentario Regionalista ha formalizado hoy su queja para que la Mesa del Parlamento reconsidere la decisión de impedir la comparecencia del presidente regional, Ignacio Diego, solicitada para que explique las consecuencias que tendrá en Cantabria la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara que el céntimo sanitario no se ajusta al derecho comunitario y las decisiones que piensa adoptar su Gobierno de cara al futuro, dado que mantiene en vigor este impuesto y grava con 5,6 céntimos de euro cada litro de combustible que se reposta en las gasolineras de la región.

El portavoz del PRC, Rafael de la Sierra, ha destacado que esta decisión, adoptada por los miembros del PP con su mayoría, “va absolutamente en contra del Código de Buen Gobierno que el propio Diego y sus consejeros se comprometieron a cumplir”, cuyo artículo 19 establece que los miembros del Ejecutivo, incluido el presidente, “mostrarán su predisposición a dar cumplida cuenta de su gestión ante el Parlamento”.

“La verdad es que el Código que aprobaron no iba más allá de cuatro obviedades, pero incluso ese mínimo que asumieron lo incumplen”, ha lamentado De la Sierra, quien ha anunciado que su grupo presentará en un próximo Pleno una iniciativa para pedir la derogación del céntimo sanitario, “ya que el presidente no quiere dar explicaciones, seguramente porque no las tiene”.

El portavoz regionalista defiende en el escrito de queja que la solicitud de comparecencia rechazada cumplía todos los requisitos impuestos por el Reglamento de la Cámara, tanto desde el punto de vista formal como en lo relativo a la competencia de un grupo parlamentario para pedir explicaciones ante el Pleno a los miembros del Gobierno.

Destaca además la ausencia de una “motivación mínima” de la causa de la denegación, lo cual evidencia a su juicio que “la auténtica razón no es de índole parlamentaria, sino que se debe a la sumisión absoluta de la mayoría de la Mesa del Parlamento y de su presidente a las instrucciones y los intereses partidistas del Gobierno, para lo cual no dudan en limitar los derechos de los diputados de la oposición”.

En este sentido, advierte que si “la simple voluntad arbitraria” de la mayoría del PP en la Mesa puede impedir cualquier comparecencia del Gobierno “es claro que se está vulnerando el espíritu del Reglamento y la función que el Parlamento debe cumplir en el control del Ejecutivo”.

“Desde luego, las razones esgrimidas por el portavoz del PP en la Junta de Portavoces, indicando que el tema propuesto no era suficientemente relevante, no son de recibo”, continúa el escrito de Rafael de la Sierra, quien no sólo recuerda que es el grupo parlamentario y el diputado quien tiene la facultad de elegir la iniciativa que más se ajusta a su pretensión, sino que también recalca que la sentencia europea afecta a un impuesto que supone “millones de euros en el sector afectado” y tiene repercusiones “en la viabilidad de decenas de empresas y en el trabajo de centenares de trabajadores”.

“Sí tiene relevancia como para pedir explicaciones al presidente del Gobierno responsable”, subraya.

A su juicio, la decisión de inadmitir la comparecencia es “totalmente arbitraria” y “contraria al derecho de representación de los representantes públicos que reconoce el artículo 23 de la Constitución y ratifican el Estatuto de Autonomía y el Reglamento de la Cámara”. Es más, concluye, “supone una decisión voluntariamente injusta, ya que la actuación habitual de la Mesa debe ser la de admitir las iniciativas siempre que cumplan los requisitos formales, no incluyan expresiones insultantes u ofensivas y no incurran en una grave desviación de los objetivos de la actividad parlamentaria, circunstancias que no se dan en este supuesto”.

Por todo ello, solicita a la Mesa que reconsidere su decisión, admita a trámite la solicitud del PRC y disponga la comparecencia del presidente en el orden del día del próximo Pleno que se convoque.