La diputada regionalista Alodia Blanco ha expresado la "preocupación" de su Grupo Parlamentario por los "probables recortes" en la Administración de Justicia de Cantabria, que a su juicio se esconden tras las declaraciones de la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz (PP), en las que aprecia "su afán de preparar el caldo de cultivo para justificar un recorte".

Blanco ha comparecido en una rueda de prensa para hacer público el temor del PRC y ha acusado a la consejera de utilizar "medias verdades cuando no mentiras" para justificar una insuficiencia de recursos "que no existe".

En este sentido y en relación a la factura telefónica por importe de 1,3 millones cuya tramitación ha sido puesta en cuestión por Díaz, la diputada regionalista ha asegurado que se estaba tramitando "de forma correcta" cuando el actual Gobierno tomó posesión, por lo que ha garantizado que "no estaba oculta ni escondida en un cajón".

Además, ha precisado que el gasto está "perfectamente justificado", ya que la consejera "oculta" que la factura no sólo corresponde a los gastos de comunicaciones de los órganos judiciales sino también a los correspondientes a la integración de más de 70 equipos y cinco cuerpos de policía locales en la Red Sigre de Protección Civil.

Por lo tanto, ha subrayado, "no sólo el importe no es desproporcionado sino que se encuentra plenamente justificado al abarcar tanto las llamadas telefónicas, como también las comunicaciones por fax, videoconferencias entre juzgados, conexión de intranet y el sistema de comunicaciones de emergencias del Estado en el que se encuentran coordinados los cuerpos de la policía local de Cantabria".

Alodia Blanco ha afirmado igualmente que para el pago de la factura hay dotación suficiente en los presupuestos de la Consejería de Justicia, "salvo que la consejera se haya dejado llevar este dinero". Al respecto, ha precisado que estaba habilitada una partida de un millón en estos presupuestos y el resto, 300.000 euros, se contemplaba en el capítulo 2 porque se corresponde con la Red Sigre.

Sin embargo, a los regionalistas les preocupa más la "incertidumbre" que, en su opinión, parece querer generar el Gobierno respecto a la insuficiencia de medios para pagar las nóminas de los funcionarios de justicia. Según Blanco, Díaz "recurre a la mentira" cuando dice que faltan 900.000 euros.

Ha explicado que el presupuesto de Cantabria consigna una partida de 21.790.000 euros para hacer frente al pago de estas nóminas, que suponen un coste total de 21.735.000 euros, con lo que "hay dinero de sobra para pagar a los funcionarios y no se puede justificar de ninguna manera que diga que hay un agujero de 900.000 euros".

También ha apuntado la posibilidad de que la titular de Justicia no comparta el incremento retributivo de 330 euros. "No estamos de acuerdo en que, al amparo de una insuficiente dotación presupuestaria, se pretenda recortar las nóminas de estos funcionarios", ha indicado, y ha anunciado que el PRC será "beligerante" en el cumplimiento de estos acuerdos.

"Que no se atrevan a recortar las retribuciones de los funcionarios de justicia porque sería una decisión injusta y arbitraria", ha advertido.

Por otra parte, ha señalado que las visitas de Díaz a los distintos partidos judiciales son "un avance" de los recortes en justicia. Así, ha ironizado que el "único problema" que vio en Laredo fue "el alicatado de los baños", cuando el Gobierno debería de "profundizar" en la modernización de la administración de justicia, siguiendo "el camino emprendido" por el gobierno anterior. Y es que, según la regionalista, la justicia en Cantabria ha sufrido en dos años y medio una "transformación absoluta", pasando "del siglo XVIII al siglo XXI".

Por ello ha solicitado al Ejecutivo la puesta en marcha de la segunda fase del proyecto Vereda de teletramitación de expedientes y comunicación por Internet, lo que liberaría personal para encargarse de otras tareas.

En cuanto al partido judicial de Castro Urdiales, Blanco ha reclamado un juez de refuerzo en el Juzgado Número 2 y más personal para los tres juzgados. A su juicio, "lo primero" que debe hacer la consejera es negociar en la comisión mixta del Consejo General del Poder Judicial.

Igualmente se ha opuesto al servicio común de registro de entrada de asuntos para "no molestar a los funcionarios". "Ninguna medida se puede adoptar ni tener éxito a espaldas a los profesionales", ha subrayado en alusión a los procuradores y abogados que, en Castro, trabajan "codo con codo" con los funcionarios.

No actuar en este sentido daría lugar a una justicia "menos ágil" al tiempo que aumentaría el número de quejas, ha avisado.

Fuente: Europa Press