El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Rafael de la Sierra, ha exigido hoy explicaciones al presidente regional, Ignacio Diego, ante el informe policial que “contradice” sus explicaciones sobre la estancia en un balneario asturiano que le pagó Aquagest y que disfrutó junto al consejero de Obras Públicas, Francisco Rodríguez Argüeso, al revelar que no fue él, sino la empresa quien realizó la reserva.

Aunque por el momento no ha podido acceder a dicho informe, De la Sierra considera “gravísimas” las informaciones que sobre él publica un medio de comunicación, a tenor de las cuales “quedaría probado que el presidente mintió al Parlamento de Cantabria”.

“Si se confirma que vino a la Cámara a justificarse con mentiras sobre su implicación en un caso de supuestos sobornos a políticos por parte de una empresa, el presidente deberá plantearse seriamente su dimisión”, ha asegurado.

El portavoz regionalista, que ya expresó “dudas razonables” y puso de manifiesto “algunas incongruencias” en la versión de los hechos expuesta por Diego en el Parlamento el pasado 9 de diciembre, considera que su credibilidad “se ve hoy amenazada ante la posibilidad real de que haya mentido”, en contra de “las proclamas de honestidad e integridad con las que adornó su intervención parlamentaria”.

A su juicio, este caso “se complica cada vez más” para el presidente cántabro, cuyo Gabinete de Prensa ya “mintió” nada más hacerse pública su implicación en el escándalo, al asegurar que él mismo pagaba sus viajes personales para posteriormente tener que admitir que la estancia en el balneario asturiano fue abonada por la empresa Aquagest, con la que Diego mantuvo relación durante su etapa al frente de la Alcaldía de El Astillero.

“Nosotros le deseamos en el Pleno que se defendiera y demostrara su inocencia, porque eso sería bueno para Cantabria, pero a la vista de los informes conocidos hoy puede que no le resulte fácil conseguirlo”, ha agregado.

Finalmente, De la Sierra ha recordado algunas de las “incongruencias” de las explicaciones ofrecidas hasta ahora por Diego, quien sostiene que no pudo pagar la estancia porque ya había sido abonada por el empresario Henry Laíño, cuando lo cierto es que la factura fue liquidada “un mes y trece días después” de producirse. Además, esa factura fue expedida a nombre de Aquagest y abonada en un “paquete” que incluia las estancias de otras cinco personas invitadas, todas ellas “imputadas” en la llamada ‘Operación Pokemon’.