La diputada y portavoz del PRC en materia de política social, Rosa Valdés, ha exigido hoy al Gobierno de Cantabria que acepte la propuesta del alcalde, Íñigo de la Serna, para habilitar un fondo municipal reembolsable con cargo a las arcas regionales y evitar así el impago de la renta social a las 747 familias de Santander que deben renovar su prestación a partir del 1 de junio.

Valdés ha realizado un llamamiento a la “responsabilidad” del presidente regional, Ignacio Diego, a quien ha instado a “proteger a las familias más vulnerables de la ciudad y no hacerlas paganas de sus hostilidades con el alcalde”.

A su juicio, el Gobierno y el Ayuntamiento tienen que dar “una respuesta inmediata” al “desaguisado” creado en torno al pago de la ayuda de 426 euros, como consecuencia de una reforma normativa aprobada hace dos años y que incrementa los trámites burocráticos a realizar por los beneficiarios que solicitan renovar la prestación.

“El Ejecutivo cántabro ha creado un problema donde no lo había, actuando en contra de miles de cántabros que se encuentran en riesgo de exclusión y pobreza y que ahora pueden perder su única fuente de ingresos por un tiempo indeterminado”, ha explicado.

Valdés cree “inadmisible” que esas personas dejen de cobrar 426 euros por “un rifirrafe protocolario”, por lo que ha ofrecido al Ayuntamiento el apoyo “incondicional” del PRC para exigir al Gobierno que “solucione el problema que él solo ha creado”.

Además, ha recordado que su partido lleva dos años exigiendo la derogación de la norma causante de esta situación, que el Gobierno pretende llevar adelante con “una absoluta descoordinación con los servicios sociales de atención primaria”.

En este sentido, ha calificado como “una chapuza mayúscula” que la consejera de Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, y la directora del ICASS, Isabel Urrutia, hayan esperado dos años para mantener una primera reunión de coordinación con los servicios sociales de atención primaria, a los que ahora “piden lo imposible” e intentan “culpabilizar de un desaguisado del que sólo es responsable el propio Gobierno”.

La diputada considera que lo ocurrido en Santander es “la demostración palpable” de la “incapacidad” del Ejecutivo cántabro para asumir las competencias que hasta ahora han estado en manos de los ayuntamientos y que han pasado a manos regionales en virtud de la reforma local llevada a cabo por el PP.

“Ahora se ve que el Gobierno no está a la altura y será el ayuntamiento quien, sin tener la competencia, ni la responsabilidad, aporte la solución”, ha concluido.