El Grupo Parlamentario Regionalista ha presentado 44 enmiendas a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompaña a los Presupuestos Generales de 2014, dirigidas fundamentalmente a reducir los impuestos incrementados por el PP desde su llegada al Gobierno, y 10 a las cuentas del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), en este caso para recuperar los servicios sociales afectados por los recortes en los dos últimos años.

Las diputadas Alodia Blanco y Rosa Valdés han presentado hoy en rueda de prensa las propuestas que defenderán durante el debate presupuestario, entre las que figura una reducción del 3,5 por ciento en todas las tasas que aplica el Ejecutivo, para limitar su subida al IPC, y una serie de bonificaciones para que la reforma del IRPF “vendida a bombo y platillo” por el presidente regional, Ignacio Diego, no beneficie únicamente a las familias con rentas más altas, para las que supondrá un ahorro aproximado de 130 euros anuales, mientras que a las economías más humiles apenas les aportará “una cantidad ridícula”, cifrada entre los 7 y los 24 euros.

Alodia Blanco plantea como alternativa tres nuevas deducciones, una para familias numerosas, otra por cuidado de hijos menores y una tercera para los mayores de 65 años que, “como consecuencia de los recortes aplicados por Mariano Rajoy”, no pueden incorporarse a la Ley de Dependencia, pese a ser “personas vulnerables y que necesitan a una persona que les ayude en sus tareas más básicas”.

También propone la vuelta de la parte variable del canon de saneamiento a las cuantías que se cobraban en 2010 y 2011, tras el incremento de “no menos del 76 por ciento” aplicado en lo que va de legislatura; la supresión definitiva de “políticas erróneas” como el impuesto sobre hidrocarburos, el llamado céntimo sanitario; y la reducción del recargo aplicado este año al impuesto sobre transmisiones patrimoniales, con el que el Ejecutivo pretendía recaudar 6 millones de euros adicionales que finalmente no ha conseguido por la caída de las ventas de vivienda.

El PRC pretende introducir además “una escala más progresiva” en los impuestos de patrimonio y sucesiones, con el fin de gravar las herencias más altas. “No es lógico que en la época de crisis que estamos viviendo, cuando más de un tercio de las familias de Cantabria tienen dificultades para llegar a fin de mes, se mantengan privilegios que permiten a quien hereda más de un millón de euros no pagar absolutamente nada”, ha recalcado Alodia Blanco.

Del mismo modo, ha rechazado las modificaciones legislativas previstas, en unos casos “a la carta” para “algunas situaciones que pueden afectar a altos miembros del Gobierno”, como ocurre con la reforma de la Ley del Suelo, y en otros para “aumentar los poderes del presidente”, otorgar al Ejecutivo “un control que no le corresponde en una democracia avanzada” y cambiar “de rondón” las incompatibilidades que afectan a los altos cargos.

El PRC quiere evitar además una nueva reforma de la Renta Social Básica, en esta ocasión encaminada a endurecer los trámites de acceso, penalizando incluso posibles errores a la hora de cumplimentar los formularios. “Yo me pregunto en qué realidad vive este Gobierno, cuando quiere tratar con tanto rigor a gente que no tiene absolutamente nada”, ha cuestionado la diputada del PRC.

Rosa Valdés ha explicado por su parte que las 10 enmiendas presentadas al presupuesto del ICASS, por un total 12,8 millones de euros, destinan casi 8,5 millones a los servicios sociales de atención primaria que prestan los ayuntamientos y el resto a reforzar las políticas sociales y de discapacidad.

“Los ayuntamientos y las familias ocupan el centro de nuestras prioridades políticas”, ha destacado Valdés, quien ha defendido los servicios sociales públicos como herramienta para generar “cohesión social, riqueza económica y una sociedad más igualitaria y justa”, frente a la apuesta del PP por “un modelo de beneficencia y caridad”.