El PRC ha denunciado hoy que el Gobierno de Cantabria eliminó la contribución especial que pagaban las compañías aseguradoras para contribuir a la financiación de los servicios de prevención y extinción de incendios al derogar la Ley de creación de la Entidad Empresarial 112, cuyo capítulo V había instaurado ese pago, a iniciativa del Ejecutivo anterior y “de forma pionera en España”.

El vicesecretario general y portavoz parlamentario de los regionalistas, Rafael de la Sierra, ha advertido que la Comunidad Autónoma puede perder “miles de euros” para financiar sus servicios de incendios como consecuencia de la decisión “patosa y prepotente” de la consejera de Presidencia, Leticia Díaz, que derogó la ley “sin advertir que no sólo se cargaba la sociedad del 112, sino también la contribución especial impuesta a las compañías de seguros”.

“Esta decisión contribuyó además a crear una impresión falsa de la situación económica del SEMCA, que justificó en parte el ERE impuesto en esta empresa pública y que supuso el despido de trabajadores y la reducción de sueldo de todo el personal”, ha agregado De la Sierra.

Según ha explicado, Cantabria fue una de las primeras comunidades autónomas en crear este instrumento, que permite financiar hasta el 90 por ciento del coste de los servicios de prevención y extinción y gracias al cual el Gobierno ha podido cobrar más de 800.000 euros en 2011.

Sin embargo, la actuación “precipitada e incompetente” de la consejera de Presidencia “puede derivar ahora en un serio quebranto económico”, tras la derogación “irreflexiva y con los únicos votos del PP” de la Ley del 112 y, con ella, de la contribución especial.

El portavoz regionalista ha criticado también que Díaz “no se haya dado cuenta hasta ahora, cuando ha empezado a pensar en cobrar la cantidad correspondiente a 2012”, de las consecuencias de su “ineptitud”, que ha intentado remediar con la presentación hace unos días en el Parlamento de una ley que “calca prácticamente el capítulo V de la que su Gobierno derogó” y que quiere tramitar por el procedimiento de urgencia “y casi de tapadillo”.

“Como es lógico, no nos extraña esta repentina urgencia, y ni siquiera la ineficacia que la provoca”, ha apostillado.

Rafael de la Sierra ha señalado por último que esta actuación “extravagante” no sólo es la causa de las dificultades que ahora tiene el Gobierno cántabro para cobrar de las compañías aseguradoras la cantidad que corresponde, sino que también “constata cómo se están desmontando proyectos y realidades del Ejecutivo anterior en todos los ámbitos, y especialmente en materia de protección civil, atención de emergencias y prevención y extinción de incendios, con graves consecuencias para el erario público, para personas, trabajadores y funcionarios concretos y, sobre todo, para la calidad de los servicios que merecen y a los que tienen derecho los ciudadanos”.