El vicesecretario general y portavoz parlamentario del PRC, Rafael de la Sierra, ha denunciado hoy que los Presupuestos Generales de Cantabria para 2013 son “anti-municipales”, porque reducen en más de 30 millones de euros las ayudas a los ayuntamientos,  y las sitúan en menos de la mitad de cuantía invertida este año.

Esa reducción “tan importante y tan agresiva” no es a su juicio fruto “ni de la casualidad, ni de la necesidad”, sino que refleja “una voluntad política de ahogar a los municipios”, que contradice el compromiso del presidente regional, Ignacio Diego, de atender todas las necesidades de los ayuntamientos.

Según ha detallado De la Sierra, el presupuesto no sólo acaba con el Fondo de Cooperación Municipal, hasta ahora dotado con 15,5 millones y distribuido conforme a criterios objetivos, para sustituirlo por un nuevo sistema “de concesión discrecional” del Gobierno y presupuestado en apenas 4 millones, sino que también reduce la partida de actuaciones en el ámbito local, que pasa de 18.027.033 a 5.002.004 euros. Ello supone la desaparición del Pacto Regional por la Eficiencia Administrativa y la Austeridad, un retroceso del 60 por ciento en la asistencia económica a los ayuntamientos y una disminución del 32 por ciento en las inversiones.

“Pero eso no es todo, porque el presupuesto completo es una agresión sin precedentes a la autonomía municipal”, ha enfatizado el portavoz regionalista.

En el ámbito de Protección Civil desaparecen los 500.000 euros de transferencias a los ayuntamientos y, “por si fuera poco”, se va a aprobar una disposición adicional por la que se pueden anular los convenios con Santander, Castro Urdiales, Torrelavega y Camargo, cuyo importe conjunto alcanza los 6 millones.

También desaparecen las partidas para programas de juventud (100.000 euros) e igualdad de oportunidades (250.000) y la colaboración en calidad ambiental y limpieza de playas (800.000), mientras que la Agenda 21 se reduce en 350.000 euros; en 200.000 los programas de evaluación ambiental, y en otros 200.000 las ayudas al planeamiento urbanístico.

Los recortes que afectan a los ayuntamientos en la Consejería de Educación se reflejan principalmente en la asignación de las aulas de 2 años, con 600.000 euros menos que este año. Pero también se eliminan 200.000 euros en ayudas para obras en colegios y 261.000 para funcionamiento de bibliotecas, mientras retroceden en 200.000 las dotaciones para formación de adultos y en 150.000 las de protección del patrimonio cultural.

Y del mismo modo, la Consejería de Obras Públicas reduce de 15.877.925 a 7.306.954 euros la partida para obras de infraestructura municipal, lo que supone un 54 por ciento menos que en el presente ejercicio. “Una auténtica barbaridad en esta área, que es también un auténtico Fondo de Cooperación Municipal”, en palabras de Rafael de la Sierra.

Por lo que respecta a la Consejería de Ganadería, las inversiones en ayuntamientos pequeños retroceden en 2 millones de euros y los programas de desarrollo rural en otros dos millones, mientras que la partida de ferias y mercados cae 125.000 euros.

En Economía y Hacienda, se suprimen las transferencias para inversiones, cifradas este año en 1 millón de euros, y las destinadas a oficinas de información europea, por importe de 325.000 euros.

2,3 millones menos para servicios sociales

Y en Servicios Sociales, se contemplan 2,3 millones menos para transferencias a los municipios, pese a que en ocasiones estaban destinadas a planes que han puesto en funcionamiento por indicación del propio Gobierno.

A la vista de todos estos datos, el portavoz regionalistas ha subrayado que la reducción del apoyo a los ayuntamientos es “tres veces mayor” de la barajada hasta ahora, como consecuencia de la anunciada desaparición del Plan de Cooperación Municipal. “Estamos ante un recorte brutal, que va a impedir el desarrollo de políticas básicas para los ciudadanos y va a poner en peligro la subsistencia misma de algunos ayuntamientos”, ha recalcado.

Además, para De la Sierra, este retroceso “no se puede justificar en la situación de crisis, ya que no hay proporción entre la reducción del presupuesto algo más del 6 por ciento y la que sufren las partidas destinadas a los ayuntamientos, que supera el 50 por ciento”.