El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista en materia desarrollo rural, Fernando Fernández, ha denunciado hoy que el Gobierno del Partido Popular quiere “enterrar” al sector primario, con un nuevo recorte presupuestario en la Consejería de Ganadería, que sumado al aplicado ya este año reduce en casi 27,4 millones de euros la asignación de la pasada legislatura.

“El presidente Diego ha pasado de prometer un suplemento de 25 millones para incentivar la economía rural a recortar 27.386.805 euros en menos de dos años, no hay adjetivos para calificar lo que este Gobierno está haciendo con la gente del campo”, ha lamentado.

Fernández considera “ridícula” la cantidad asignada a la Consejería de Ganadería en el presupuesto de 2013, 75,25 millones de euros que reducen un 28,71 por ciento la cantidad de 2011 y que suponen “un ataque frontal al sector primario, ya de por sí con serias dificultades de supervivencia”.

A su juicio, para gestionar ese presupuesto “sobra toda la estructura política de la Consejería”, cuyo coste asciende a 259.713 euros, e incluso la consejera, Blanca Martínez, “debiera plantearse dimitir, por respeto a sí misma, a los pescadores, a los agricultores y a los ganaderos”.

Según ha explicado el diputado regionalista, la reducción presupuestaria afecta a todos los departamentos, con un recorte que supera los 10,5 millones y “descapitaliza” la Dirección General de Desarrollo Rural, seguido de la pérdida de más de 9,6 millones en la Dirección de Pesca, 7 millones menos para la de Ganadería y 528.554 euros menos en Montes.

El retroceso supondrá en la práctica la desaparición de los programas de apoyo a los productores lácteos, de las oficinas comarcales de extensión agraria (su presupuesto pasa de 680.000 a 5.000 euros), el abandono de la prevención en materia de sanidad animal o la “puntilla” de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible.

Fernández ha criticado también la reducción de las ayudas a entidades locales un 84,75 por ciento, pasando de casi 2,3 millones a apenas 350.100 euros. “Cómo no se han podido cargar las juntas vecinales vía decreto ley, lo hacen estrangulándolas económicamente”, ha valorado.

También ha cuestionado la incidencia de los recortes en el sector pesquero, que sufrirá una caída del 50 por ciento en ayudas estructurales (3 millones menos) y la desaparición del seguro colectivo, así como el abandono de los montes y los espacios naturales y la falta de soluciones para los afectados por la Ley de Montes, cuya única salida es la derogación de la normativa nacional que el PP aprobó en 2003.

Por ello ha instado a la consejera de Ganadería a hacer en este caso “lo mismo que han hecho con la Ley de Costas”, aprovechando la mayoría absoluta de su partido en Madrid.