El vicesecretario general y portavoz parlamentario del PRC, Rafael de la Sierra, ha denunciado hoy que los proyectos de varias empresas para la obtención de gas mediante la técnica del fracking continúan su marcha en Cantabria porque el Gobierno presidido por Ignacio Diego “no hace nada para evitarlo” y “ni siquiera aplica la ley” aprobada por el Parlamento regional para prohibir esa práctica en la Comunidad Autónoma.

De la Sierra ha asegurado que esa “inacción absoluta” es “la auténtica razón” por la que las autorizaciones para utilizar la fractura hidráulica en Valderredible, Valdeolea y la comarca pasiega “se siguen tramitando”, al mismo tiempo que se conceden nuevos permisos “como si nada hubiera cambiado”.

“El Gobierno de España ignora la ley y, con la pasividad del Ejecutivo cántabro, sigue adelante con todos los pasos, todas las autorizaciones y todas las intervenciones que estaban previstas, sin modificación alguna; no ha cambiado nada, porque nuestro Gobierno no ha hecho nada”, ha alertado el portavoz regionalista.

Además, ha advertido que la “pretendida negociación” con el Estado para evitar un recurso de inconstitucionalidad contra la prohibición del fracking en Cantabria “no es más que una farsa, porque lo que en realidad han hecho ambos gobiernos es utilizar la posibilidad de ampliar de tres a nueve meses el plazo de interposición del recurso”.

Rafael de la Sierra considera que esa “prórroga” tiene como objetivo intentar la aprobación de una ley estatal que deje sin contenido a la ley cántabra y facilitar el recurso del Estado, “cuya presentación ya está decidida”. “Esa figura se llama prórroga en fraude de ley”, ha precisado.

A su juicio, la pasividad del Ejecutivo cántabro es “la confirmación evidente” de esa “maniobra”, ya que “una ley que no se aplica es como si no existiera” y así lo demuestra “la sorprendente admisión de nuevas autorizaciones de actuación sobre el territorio con base en unos permisos que en Cantabria han sido colocados en situación de ilegalidad”.

El portavoz del PRC ha recalcado que “los actos preparatorios de una actuación ilegal también pueden ser ilegales”, en alusión a las actuaciones que en estos momentos se están autorizando en la comarca pasiega, en Valderredible o Valdeolea, porque “están justificados exclusivamente en la posibilidad de utilizar la técnica prohibida del fracking”. Sin embargo, “el Gobierno de Cantabria mira para otro lado y no utiliza los instrumentos que tiene a su alcance para hacer cumplir la ley e impedir la utilización de una técnica declarada ilegal”.