El PRC denuncia que Diego quiere ampliar su gabinete con “una guardia pretoriana de gente afín y bien remunerada” para controlar a los consejeros

El Gobierno propone una modificación de la Ley de Régimen Jurídico que permite al presidente crear “a dedo” una estructura paralela a la Administración Regional

Noticias PRC 30 Octubre 2012

El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Rafael de la Sierra, ha denunciado hoy la pretensión del presidente de Cantabria, Ignacio Diego, de ampliar su personal de confianza con “una auténtica guardia pretoriana”, integrada por “gente afín y bien remunerada, con poder y una buena estructura para sustituir, coordinar y controlar a sus consejeros y al resto de la Administración”. “Algo totalmente contrario al mensaje de austeridad, de reducción del gasto y alejado incluso del sentido común en estos tiempos”.

De la Sierra ha dado a conocer en rueda de prensa la potestad que atribuye al presidente la reforma de la Ley de Régimen Jurídico remitida al Parlamento para crear “a dedo” una estructura “paralela” a la Administración Regional, con un gasto “importante” y que “no se puede presentar sin sonrojarse” cuando al mismo tiempo se plantean “medidas de reducción del gasto en la parte más directamente relacionada con la pobreza, incluso con la miseria”.

Según ha explicado, esos nuevos cargos se sumarían al gabinete de apoyo y asesoramiento con el que ya cuenta el jefe del Ejecutivo y que “fue suficiente” para sus antecesores, formado por personal eventual que él nombra y cesa libremente y que en este momento alcanza las 11 personas, entre secretarias, director de Gabinete, asesor de Comunicación, conductor, personal de seguridad y otros asesores.

A partir de ahora y además de ese órgano, el presidente quiere dotarse de una estructura nueva, con órganos superiores y órganos directivos, directamente nombrados y vinculados a él, de forma incluso “contraria” al concepto de la Administración que recoge el Estatuto de Autonomía.

De la Sierra ha precisado que los órganos superiores han sido hasta el momento el presidente, el vicepresidente y los consejeros, con sueldos que oscilan entre los 53.000 y los 55.000 euros, mientras que los directivos son los secretarios, los directores generales y los subdirectores y sus remuneraciones van de los 55.000 a los 84.000 euros anuales que percibe el interventor general.  Con la reforma en trámite, Diego podrá ampliar esa estructura con cargos nombrados y cesados por él, de manera “totalmente discrecional” y sin ninguna limitación, unas formas que para el PRC “recuerdan mucho al despotismo del siglo XVIII”.

Megalomanía

“Estamos ante una propuesta absolutamente vergonzosa por la época en la que se plantea e inadmisible por el contenido”, ha recalcado el portavoz regionalista, para quien Cantabria “no tiene al presidente de Estados Unidos, ni al de China como para tener una estructura como la que se plantea, innecesaria y fruto de una megalomanía que no tiene explicación razonable ninguna”

Asimismo, ha señalado que la reforma de la ley no precisa ni las competencias, ni las funciones, ni el número de integrantes, la estructura o el coste de ese “gobierno paralelo”, por lo que su grupo ha solicitado la comparecencia en el Parlamento de la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, la cual tendrá lugar mañana a partir de las 10,30 horas.

A falta de conocer esas explicaciones, lo que sí deja claro el texto presentado en el Parlamento es que el presidente no sólo tendrá la posibilidad de crear órganos superiores y directivos “como quiera, sin limitación y con los órganos que le parezca”, sino también el poder para “nombrar a quien le venga en gana”.

De la Sierra ha valorado que su objetivo es contar con “un órgano paralelo por encima de su propio Consejo de Gobierno”, por lo que se ha preguntado “para qué quiere a los consejeros”. “Si no está de acuerdo con ellos, que los cese y nombre a otros. Lo que no puede hacer es mantener dos estructuras paralelas a su servicio, con un coste duplicado”, ha opinado.

Finalmente, ha considerado que esta medida es “una provocación” a los ciudadanos y al resto de las instituciones y cargos representativos, con la que se vacía de contenido a la Administración y “se desprecia y se margina a los funcionarios”.