El PRC denuncia por prevaricaciˇn al alcalde, dos concejales del PP y al ex secretario de Noja por permitir actividades sin licencia en un negocio de hostelerÝa

El Ayuntamiento fue condenado hace un a˝o por ôinacciˇn y dejaciˇn de funcionesö ante las irregularidades del local propiedad de un edil del PP

4 Junio 2014

El Grupo Municipal Regionalista ha presentado hoy en el juzgado de guardia de Santoña una denuncia por prevaricación administrativa contra el alcalde de Noja, Jesús Díaz; el primer teniente de alcalde, Manuel María Alonso, el concejal de Medio Ambiente, Emilio Gándara, y el ex secretario municipal, ya jubilado, José Luis Sáenz-Mesía, a los que acusa de inacción ante las actividades que realiza sin licencia un negocio de hostelería propiedad de Alonso y que un hijo de Gándara ha tenido alquilado hasta hace tres meses.

Así lo ha dado a conocer el portavoz del PRC, Miguel Ángel Ruiz, quien ha explicado que la denuncia también apunta al ex secretario municipal, José Luis Sáenz-Mesía, y al concejal popular Emilio Gándara Lavín, como responsables de la “reiterada negativa” del equipo de Gobierno a tomar medidas contra “la actividad ilegal” del establecimiento ‘Al sur de Noja’, confirmada en una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santander que hace ya un año condenó al Ayuntamiento por “inacción y dejación de sus funciones”, en respuesta a una demanda vecinal.

Según detalla el texto de la denuncia, el local ha estado inmerso en “numerosas irregularidades administrativas” desde el año 2009. En aquella fecha, después de haber planteado en 2006 la construcción de 14 viviendas, la sociedad mercantil propietaria del solar, Explotaciones Turísticas de Noja, que tiene a Manuel Alonso entre sus socios mayoritarios, decidió abandonar el proyecto inicial y solicitó licencias para reformar una fachada y la cubierta de la construcción existente y ejercer la actividad de restaurante.

Dado que el local se encuentra en una zona urbanística del casco tradicional de Noja, donde no estaba permitida la actividad comercial de bares y cafeterías, el Ayuntamiento puso en marcha una modificación puntual de las Normas Subsidiarias para posibilitar la actividad hostelera, “con el objetivo inequívoco de favorecer al concejal”.

Sin embargo, la Comisión Regional de Urbanismo informó desfavorablemente dicha modificación, por lo que el equipo de Gobierno optó por reformar la Ordenanza Reguladora de Establecimientos Comerciales e Industriales y Equipamientos Comunitarios, para facilitar así la instalación de establecimientos hosteleros y ampliar los horarios de apertura.

Con esa reforma en marcha, la Junta de Gobierno aprobó en noviembre de 2009 la licencia para la apertura de un restaurante, con la abstención de Manuel Alonso al tener un interés directo en el caso. Pero, desde su apertura,  ‘Al sur de Noja’ no sólo ha desarrollado actividad de restaurante, sino también de bar, cafetería y pub en horario nocturno, con terraza exterior, actividades lúdicas y todo tipo de actuaciones musicales y de entretenimiento.

Esa actividad “ilegal por no estar sometida a licencia” ha sido denunciada reiteradamente por la oposición, que ha solicitado en numerosas ocasiones documentación sobre la situación legal del negocio, sin obtener más que la negativa del alcalde.

Ante la falta de respuesta municipal, un grupo de vecinos acudió en 2012 al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santander, que condenó al Ayuntamiento por dejación de funciones, tras constatar el juez que el establecimiento efectivamente funciona en horarios inadecuados, vulnera la legislación en materia de contaminación acústica, sobrepasa las limitaciones de ruidos y realiza actividades no autorizadas en el exterior.

Pero transcurrido casi un año de esa sentencia, el equipo de Gobierno sigue sin adoptar medida alguna, por lo que el PRC considera que ha incurrido en “una flagrante prevaricación” por “omisión e inacción voluntaria y dolosa de la exigencia mínima de actuación de la Administración Local, de la que es el máximo responsable el alcalde y, en su defecto, el primer teniente de alcalde, propietario del negocio denunciado sobre el que el Ayuntamiento se niega reiteradamente a actuar”.

A su juicio, esta ilegalidad es “evidente, patente, flagrante y clamorosa”: “con un local propiedad de un concejal del PP, el alcalde intenta una modificación de las normas urbanísticas para favorecer su explotación, al no lograrlo reforma la ordenanza comercial y posteriormente permite que el negocio funcione en la más clara ilegalidad, gestionado por un concejal del PP, e incluso con una sentencia en contra que acusa al Ayuntamiento de temeridad y le condena en costas”.

La denuncia regionalista concluye por ello que en todo lo ocurrido existen “indicios suficientes de una actuación punible penalmente”, por lo que solicita al juzgado que inicie las acciones pertinentes, abra diligencias para el esclarecimiento de los hechos, exija al equipo de Gobierno la entrega de la documentación negada a la oposición y tome declaración en calidad de imputados a Jesús Díaz, Manuel María Alonso, José Luis Sáenz-Mesía y Emilio Gándara.