El vicesecretario general y portavoz parlamentario del PRC, Rafael de la Sierra, ha denunciado hoy la intención del Gobierno de Cantabria de transformar la oficina de control del gasto, que hasta ahora ha permanecido “vegetando”, en un “órgano asesor del presidente totalmente innecesario”, con un coste superior al medio millón de euros en personal.

“Se va a crear un órgano más, que va a suponer un trámite más y que no va a añadir nada significativo a la tramitación administrativa, salvo un mayor retraso todavía en las decisiones de ejecución del presupuesto”, ha criticado en rueda de prensa el portavoz regionalista, quien ha dado a conocer que el Ejecutivo presentó ayer a la Mesa Sectorial de Función Pública esta “nueva versión” de la Oficina de Supervisión Integral del Gasto.

Según ha explicado, el Boletín Oficial de Cantabria publicó el 14 de febrero un decreto para acabar con “la primera versión” de la oficina, creada en octubre de 2012 “con gran parafernalia y como solución a los problemas de gasto de la Administración Pública”.

De la Sierra ha recordado que este órgano respondía a la decisión del presidente, Ignacio Diego, de asumir personalmente la supervisión y autorización de la mayoría de los gastos de la Comunidad Autónoma, por un total superior a los 1.200 millones, pero sin embargo y durante los escasos 10 meses en que ha permanecido en funcionamiento sólo ha actuado en el ámbito de la Consejería de Presidencia y “ha fallado de manera estrepitosa”, como lo prueba el contrato del servicio de helicóptero, que lleva más de un año en tramitación; la anulación de los pliegos para contratar la limpieza y varias encomiendas de gestión.

Con la modificación que ahora pretende, el Gobierno “da marcha atrás y crea otro órgano esencialmente distinto”, cuyas directrices ya no tendrán carácter vinculante, por lo que será “un mero órgano asesor”, con funciones que realizan “mucho mejor” los servicios de intervención, los servicios técnicos de las consejerías y los servicios jurídicos. “La primera chapuza salió mal y ahora hacen una segunda chapuza parecida”, ha lamentado el portavoz regionalista.

Pero aún considera “más grave e inaceptable” la “falsedad” del Ejecutivo respecto a los gastos, ya que en el momento de su creación aseguró que la oficina funcionaría con trabajadores públicos y sin ningún coste económico para la Administración “y ahora resulta que necesita 7 nuevos cargos, además del director, con dedicación total y un coste inicial reconocido de 422.265,22 euros, más el director, sólo en personal y sin añadir los costes de funcionamiento”.

De la Sierra denunció en su día que este órgano no iba a salir gratis y la consejera de Presidencia, Leticia Díaz, le acusó entonces de “mentir de la manera más ruin posible”. “Ha pasado el tiempo y hoy se demuestra que teníamos razón y que la consejera mintió a todo el mundo”, ha recalcado.

En este sentido, ha detallado que los gastos de personal cuantificados en más de 422.000 euros están dirigidos a la contratación de un jefe de unidad de supervisión del gasto, tres técnicos especializados en supervisión del gasto (en contratos, infraestructuras e inmuebles), un técnico delegado de supervisión del gasto, un jefe de unidad de seguimiento y soporte y un coordinador de información y gestión, al que se ha referido como “el encargado de la publicidad y la propaganda”.

Además, ha señalado que la experiencia de funcionamiento acumulada hasta ahora demuestra que quien ha realizado las funciones de asesoramiento y control ha sido una empresa privada, “a la que se han abonado decenas de miles de euros”.

“La experiencia nos ha salido cara, pero más cara nos va a salir si al coste de la nueva oficina añadimos los previsibles contratos de asistencia de empresas privadas”, ha precisado.

A su juicio, este nuevo órgano “nacido de la megalomanía del presidente” reúne las dos cosas que en este momento hacen menos falta en Cantabria: “aumento del gasto y aumento de los trámites burocráticos, por si la pesadez de la Administración fuera poca”.