El Grupo Municipal Regionalista ha solicitado al alcalde de Riotuerto, Ángel Cuadrado (PP), la suspensión de los trámites administrativos iniciados para contratar la gestión integral del agua y el alcantarillado y la emisión de un informe jurídico que clarifique si el procedimiento se ajusta a la legalidad, tras la modificación de las condiciones aprobadas por el Pleno.

El PRC considera que dicha modificación constituye “una ilegalidad” y puede ser incluso constitutiva de un posible delito de falsificación de documento público.

Según explica en la petición que ha registrado en el Ayuntamiento, el Pleno aprobó el 13 de agosto, en sesión extraordinaria, el anteproyecto de explotación para contratar el servicio por concesión administrativa, con los únicos votos a favor de los cinco concejales del PP.

Posteriormente, en octubre, se entregó al Grupo Regionalista una documentación que incluye una modificación sustancial de las condiciones previstas en el anteproyecto aprobado, la cual reduce el canon inicial de la concesión a pagar al Ayuntamiento de 250.000 a 150.000 euros, varía los costes de amortización del canon inicial y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y añade una nueva consideración en las proyecciones económicas, al incluir entre los condicionantes para valorar el concurso la posibilidad de un porcentaje de reducción de tarifa sobre el exceso de consumo de agua y alcantarillado no superior al 20 por ciento.

A pesar de ser “sustancialmente diferentes” de las condiciones económicas aprobadas inicialmente, esas modificaciones no fueron presentadas al Pleno de la Corporación en la sesión extraordinaria que celebró el 19 de octubre para aprobar el expediente de contratación y los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas que regirán el proceso de adjudicación.

“La sorpresa es la no inclusión en el orden del día de la modificación del anteproyecto de viabilidad que sustenta todo el proceso de licitación y a cuyos cambios sustanciales no se hace referencia alguna en la sesión”, precisa el escrito del PRC.

En consecuencia, entiende que se ha producido “una infracción de las condiciones establecidas en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y un incumplimiento formal invalidante de todo el proceso de licitación”, al aparecer en el pliego unas condiciones distintas de las aprobadas por el Pleno de la Corporación, que es el único competente para modificarlas.

Para el PRC, ese cambio de condiciones económicas, la modificación de los criterios de viabilidad de la concesión y el no sometimiento de los mismos a conocimiento público y discusión en el Pleno son hechos “con evidente relevancia jurídica”, que debe ser informados y analizados “por si detrás de los mismos se pudiera esconder algún tipo de ilícito penal o de falta administrativa”.

Por ello, solicita la emisión de un informe jurídico por la secretaria municipal, “especificando los responsables administrativos y políticos de cada una de las fases del procedimiento y de la realización de los cambios en los documentos sin la aprobación por el Pleno”.

Asimismo, reclama la suspensión inmediata de la tramitación administrativa del concurso “hasta que se aclaren los extremos comunicados” y advierte que, en caso de no hacerlo, “no se podrá oponer el desconocimiento de la situación de cara a la exigencia futura de posibles responsabilidades civiles y penales de carácter personal a los intervinientes en el proceso de contratación.

Finalmente, el PRC también insta al alcalde a comunicar las irregularidades detectadas a todas las partes del concurso, para que puedan actuar en consecuencia y evitar que “el desconocimiento de los hechos pueda servir para la exigencia de responsabilidades e indemnizaciones al Ayuntamiento”.