El PRC de Santander propone asumir con urgencia la modificaciˇn de la Ley Orgßnica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que los Ayuntamientos ôsaneadosö puedan usar su superß

La moción regionalista insta igualmente a los grupos políticos con representación en las Cortes Generales, a que realicen las modificaciones legislativas oportunas, para autorizar a los municipios a modificar la cuantía de su techo de gasto en función de los ingresos reales que se obtengan durante el año

25 Febrero 2020
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El grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento de Santander ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno municipal de este jueves, en la que insta al Gobierno de la Nación a la modificación urgente de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Elaboración de un Reglamento para autorizar a los Ayuntamientos, con remanente de tesorería al cierre de ejercicio presupuestario anual, poder utilizar el mismo en las actuaciones necesarias, tanto en políticas de gasto como en inversiones, que el propio ente determine, sin que supongan compromisos financieros de difícil cumplimiento en los años siguientes.

 

Igualmente, los regionalistas proponen que los grupos políticos con representación en las Cortes Generales, realicen las modificaciones legislativas oportunas, para autorizar a los municipios a modificar la cuantía de su techo de gasto en función de los ingresos reales que se obtengan durante el año

 

La concejal regionalista, Amparo Coterillo, defiende que la autonomía financiera de las corporaciones locales no puede depender del presupuesto de la Nación, ni de un Decreto Ley en ausencia de este. “Por ello desde el Partido Regionalista de Cantabria entendemos que hay que asumir con urgencia la modificación legal o normativa que facilite una eficiente gestión de los recursos públicos por remanentes de tesorería, ya que poder hacerlo supondría una inyección económica generadora de actividad y empleo en los Ayuntamientos”.

 

La Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), nació en un momento de crisis económica, y junto a otras medidas legislativas posteriores, en respuesta a la necesidad de alcanzar la estabilidad financiera que reclamaba Europa. En el momento de su creación supuso un revés para la autonomía de las Entidades Locales que “vieron limitado su margen de maniobra para hacer frente a inversiones y programas que ayudaran a paliar los efectos de la crisis económica en la ciudadanía”. Además, la ley impuso a los Ayuntamientos elementos de contención que persisten en tiempos de expansión económica al impedir aumentar el gasto público más allá de la "regla de gasto" que tiene como referencia el crecimiento de la economía española. A ello se suma “las limitaciones que supone para la dinamización económica de las Corporaciones Locales destinar el superávit a la amortización de deuda en primera instancia, o el encorsetado catálogo de inversiones financieramente sostenibles (IFS) que coarta la autonomía local para destinar el superávit a las necesidades reales del municipio y las demandas de la ciudadanía”, apuntó Coterillo.

 

 

La situación económica de la mayoría de los Ayuntamientos de Cantabria a lo largo de estos últimos años ha venido condicionada por la austeridad en el gasto y el esfuerzo de las Entidades Locales para alcanzar unas cuentas saneadas acumulando un importante remanente de tesorería positivo, un superávit económico.  “En el caso de Santander,  la liquidación de los presupuestos de la pasada legislatura muestra que se incorporaron a Inversiones Financieramente Sostenibles, 20,8 millones en 2016, 12 millones en 2017, 18 en 2018 ó 23 en 2019, cantidades suficientemente significativas para haber podido abordar programas específicos de inversión con capacidad transformadora de la ciudad y no el reguero de pequeñas actuaciones de mantenimiento al que hemos asistido pleno tras pleno”, indicó la edil.

 

Para la regionalista el problema no subyace del tamaño de los municipios o de su capacidad de gestión sino de una ley que nació para controlar el déficit de la Nación en un momento de crisis y que con el cambio de escenario económico, actualmente, “lastra” la capacidad de las Corporaciones Locales como agentes de “dinamización económica” del territorio y “prestadores de servicios” a la ciudadanía.