El PRC de Cayˇn urge al alcalde a restaurar la estaciˇn de autobuses de Sarˇn y otras infraestructuras municipales

Critica que la ˙nica obra en marcha en el municipio es el saneamiento de la cuenca del Pisue˝a iniciado por el anterior Gobierno de Cantabria

14 Enero 2013
  • foto

    La estaci?n de autobuses de Sar?n en la actualidad

  • foto

El Grupo Municipal Regionalista de Santa María de Cayón ha urgido al alcalde, el popular Gastón Gómez, a iniciar “sin demora” la restauración de la estación de autobuses de Sarón, que se encuentra fuera de servicio desde el pasado verano, como consecuencia de los daños provocados por un incendio.

También ha exigido la reparación de otras infraestructuras municipales, como el ascensor del edificio que alberga el juzgado de paz y la biblioteca municipal, que lleva casi 3 años averiado, lo cual impide el acceso a las instalaciones de los mayores y las personas con dificultades de movilidad.

El PRC ha criticado la “desidia e inoperancia” del alcalde ante estas carencias en servicios que los vecinos de Cayón utilizan a diario.

En el caso concreto de la estación de autobuses, ha recordado además la promesa del regidor para proceder a la reparación “en pocos días”. “Han transcurrido 7 meses y los viajeros siguen viéndose obligados a esperar el autobús en plena calle, expuestos a las inclemencias meteorológicas”, ha precisado.

Asimismo, ha lamentado la “paralización absoluta” que sufre el municipio, donde la única obra que actualmente se encuentra en marcha es el saneamiento integral de la cuenca del Pisueña, aprobada por el Gobierno de Cantabria durante el mandato PRC-PSOE, con un presupuesto de 8,1 millones de euros.

Ante esta situación, el PRC ha urgido una acción inmediata del Ayuntamiento para que “priorice las actuaciones que de verdad necesitan los vecinos, en lugar de acometer con medios municipales reparaciones y limpiezas en beneficio de determinados particulares, como ha ocurrido en las escuelas de Argomilla”, cuya rehabilitación fue paralizada por la arquitecto municipal al detectar que participaban en ella operarios y medios técnicos municipales, después de haber sido adjudicada a una empresa privada. La arquitecto advirtió entonces de la “ilegalidad” que supone que una Administración realice trabajos en beneficio de un privado.