El portavoz del PRC en materia de Desarrollo Rural, Fernando Fernández, ha criticado hoy la “falta de soluciones” del Gobierno de Ignacio Diego para los afectados por la Ley de Montes y se ha preguntado “dónde quedaron sus promesas electorales” para poner fin a su situación.

Fernández ha reafirmado que la “única salida” a esta problemática pasa por derogar la ley estatal aprobada por el Partido Popular, “el mismo que ahora gobierno con mayoría absoluta y que por tanto puede hacerlo si realmente existe voluntad política”. Sin embargo, cumplido un año de gobierno a nivel nacional y casi dos en Cantabria, “no han dado un solo paso en ese sentido”.

“Esa ley ha generado durante su vigencia graves problemas de inseguridad, sobre todo a los propietarios, que han visto reducidos sus derechos en lo que se refiere a la gestión y administración de los montes”, ha precisado

Por ello, ha denunciado que el Ejecutivo cántabro no haya hecho en esta materia “nada más que marear la perdiz”, sin resolver los casos concretos. Sólo así se explica a su juicio “la ocultación y la falta de transparencia” de la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, a la que preguntó hace ya 4 meses (9 de octubre de 2012) por el número de expedientes resueltos, sin recibir hasta el momento respuesta alguna.

“Mucho me temo que su silencio se debe a que no han hecho absolutamente nada”, ha recalcado.

Fernández ha lamentado por ello las “falsas expectativas” que el PP de Cantabria e Ignacio Diego crearon entre los afectados durante su etapa en la oposición, a los que “engañaron” con la promesa de establecer una disposición transitoria a la ley estatal para impedir que pierdan sus propiedades, garantizar el sistema de aprovechamiento tradicional mediante consorcios y presentar en el Parlamento regional una Ley de Montes de Cantabria.

“Dos años después de esas promesas, nada de nada”, ha continuado el parlamentario, que atribuye ese incumplimiento a la “falsedad”, porque “el PP prometió lo que sabía que no podía hacer”.

En este sentido, ha reiterado que la “única solución” pasa por la derogación de la ley estatal, que permitiría aprobar en Cantabria una norma en la que se tuvieran en cuenta todas las circunstancias que históricamente han concurrido en la administración de los montes, pero ha aventurado que eso “no quieren hacerlo”.

“El Parlamento de Cantabria también puede iniciar la tramitación de una ley que modifique la estatal en los aspectos necesarios para dar solución a los afectados, pero esto tampoco lo hacen”, ha agregado.

Finalmente, ha valorado la gestión realizada por el anterior gobierno “dentro de las posibilidades que le brindaba la ley”, al poner en marcha una serie de iniciativas tendentes a la solución de los problemas creados por la Ley de Montes, gracias a las cuales “algunas situaciones han quedado resueltas”.